Los líderes comunales de Cartagena están en la mira. Alex Gómez es un líder comunal del barrio Olaya, sector Central, que a finales del año pasado se salvó de un pelo, luego que dos sicarios se presentaron en su casa y le hicieron varios disparos, y pudo huir sano y salvo. Pero quien no pudo salvarse fue el presidente de la junta de acción comunal (JAC) del barrio Nelson Mandela, sector 13 de junio, Jorge Eliécer García, 37 años, natural de Cartagena. El 5 de octubre de 2017, los sicarios llegaron a su casa, le reclamaron y, acto seguido, le dispararon y cayó muerto.
Tanto Alex, quien se salvó de la parca, como Jorge Eliécer, días anteriores habían denunciado la existencia de «ollas» donde venden sustancias alucinógenas y el «modus operandi» del microtráfico en sus respectivos sectores barriales. Alex debió renunciar de la presidencia de la ASOJAC de la localidad 2 y se desplazó a otro barrio. Presentó denuncias ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital y ante la alcaldesa Yolanda Wong.
Las cifras son escandalosas. En los últimos 20 años han asesinado a 16 dirigentes comunales. Recordemos a Manuel López Ayala, 48 años, quien en 2007 los sicarios llegaron al sitio donde trabajaba como vigilante en «Nelson Mandela» donde lo asesinaron de varios disparos. Hoy, tres sufren de desplazamiento forzado intraurbano, puesto que fueron desplazados de sus barrios originales y 24 están amenazados de muerte. Estas cifras las conocen las autoridades civiles y militares, pero hasta ahora no hay una ruta de atención a este grave fenómeno que tiene como causa directa a bandas delincuenciales formadas alrededor de tres actividades que han crecido como verdolaga: microtráfico, boleteo y sicariato.
No hay ruta de atención
Debemos decir que en la primera década del siglo 21 (2000—2010), algunos de los asesinatos estaban asociados a grandes contratos del Estado que fueron denunciados por líderes comunales en el ejercicio del control social. Esto provocó la desbandada del liderazgo, y algunos fueron cooptados por los que ejercían el dominio territorial o los financistas de campañas electorales que los pusieron a su servicio. En el 2004 (gobierno de Alberto Barboza Senior), Vox Populi Corporación, y algunos periodistas, en conjunto con líderes comunales, realizamos el Foro Una salida a la Crisis en el Centro de Convenciones donde asistieron 1.150 dirigentes populares que ventilaron este problema y propusieron varias soluciones.
Hoy, la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, en diferentes momentos le ha manifestado a los líderes comunales que la administración distrital está haciendo los esfuerzos necesarios para garantizarles su protección. Sin embargo, para lograr ese derecho fundamental se necesita el concurso de los estamentos locales, regionales y nacionales, ya que el problema se le sale de las manos a la administración local. Es probable que en las próximas horas realicen un consejo de gobierno distrital para analizar la situación y tomar las determinaciones necesarias.
El alcalde la localidad 2, Gregorio Rico, ha sido objeto de las críticas de algunos líderes, ya que no ha hecho el acompañamiento debido. Por su parte la alcaldesa de la localidad 3, Patricia Zapata, se está movilizando con los líderes comunales para buscar una solución.
Mientras tanto, el miedo cunde entre los 300 presidentes de JAC. Pocos quieren hablar de las causas reales de esta situación. Muchos han renunciado. Hace 10 años habían 500 JAC, de acuerdo a cifras extraoficiales , hoy apenas llegan a un poco más de 300. Ya no es atractivo ser líder comunal. ¿Por qué?
Control territorial de bandas delincuenciales
En la vida urbana de los barrios extramuros de Cartagena hay un descontrol de la seguridad ciudadana. Las bandas delincuenciales ejercen control territorial y, por ende, social y político. Sus jefes consideran que los presidentes comunales son informantes de la policía y de la Fiscalía. Cuando las autoridades realizan sus redadas y algunos de ellos caen y luego son liberados a los pocos días, los dirigentes barriales se convierten en objetivo militar. Como ya no son jíbaros aislados que tienen ollas sino bandas organizadas con escuadrones de matones para preservar su negocio, ejercen un control territorial y autoridad. Por tanto, ven como amenaza a los líderes comunales cuando éstos realizan actividades de convivencia con las autoridades civiles y militares.
Los jefes de las bandas de microtráfico, que tienen organizaciones sicariales, presionan a los líderes cuando los operativos policivos se intensifican. Consideran que son informantes de la policía. Por esta razón, muchos renunciaron a sus cargos comunales, otros se trasladaron a diferentes barrios, y otros viven encerrados en sus casas y solo salen a lo necesario, y para esto, se hacen acompañar de la policía.
En corregimientos y en la zona insular
Pero esto no solo sucede en los barrios del casco urbano sino también en los corregimientos y en las islas. En Pontezuela, por ejemplo, fueron amenazados 12 lideres comunales y del Consejo Comunitario. Entre ellos están Franklin González, Mauricio de Voz, Rosalba Guzmán, Viviana Jurado, Luz Mery Jurado y Donicel Aguilar. Esta amenaza se hizo a través de un panfleto firmado por las «Águilas Negras».
Al tiempo que ello sucede, en los extramuros y en las zonas corregimentales también crece descontroladamente el consumo de sustancias psicoactivas, hasta el punto que se ha convertido en un problema de salud pública. Jóvenes de ambos sexos son atrapados por la guerra de la adicción a la droga. Entre tanto, no existe una política pública distrital para atender este hecho que está creciendo en forma inusitada. Es decir, los líderes comunales han quedado solos, sin acompañamiento del Distrito de Cartagena, para atender este frente que afecta notoriamente la seguridad ciudadana. Uno de los líderes amenazados, dijo:
“Las bandas del microtráfico nos amenazan y nos desplazan. Somos 24 que estamos amenazados, de los cuales, solo tres reciben protección de la UNP, dos de los cuales solo tienen chalecos blindados. Tenemos cuatro desplazados, uno en la localidad 2 y tres en la localidad 3. Estas bandas del microtráfico reciben apoyo de bandas de afuera, como el Golfo”.
Recordemos el caso de Álvaro Lloreda, líder comunal de Olaya, fue vinculado por la Fiscalía a un proceso penal, por el simple hecho de haber aceptado la supuesta seguridad que unos individuos comenzaron a ejercer en el barrio. Uno de los jefes de la banda fue capturado por la Fiscalía. ¿Qué podía hacer Lloreda frente a ese grupo armado? Aceptar el control del grupo armado sobre su barrio.
Pero también hay casos de líderes comunales que se opusieron a ese control territorial del microtráfico. Por ejemplo, César Lázaro Otero Padilla, 57 años, del barrio La María, Samuel Ortiz, en San José de Los Campanos y Jorge Eliécer García, en Nelson Mandela. Todos fueron asesinados. Y las investigaciones han quedado a medio camino.
Uno de los líderes dijo:
“Nos han asesinado 16 líderes en los 20 años. En “Nelson Mandela” mataron a 7 y en El Pozón a 5. Somos objetos militares para estas bandas armadas. Nos acusan de informantes, no tenemos nada que ver con esto, solo representamos a la comunidad. También hay agentes del Estado y la administración pública que cuando se ejerce veeduría, nos persiguen y nos amenazan porque ejercemos control social. Hay contratista de obras y financistas que amenazan a los líderes comunales”.
Entre tanto el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 123 casos de asesinatos de líderes sociales en la nación, entre el 1 de enero y el 5 de julio del presente año. De acuerdo al estudio realizado por Indepaz, los asesinatos se han registrado en su mayoría en los departamentos de Cauca (18 casos), Antioquia (18), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8) durante el presente año. Indepaz explica que desde diciembre de 2016 hasta ahora, 295 defensores han sido asesinados en Colombia, es decir que en promedio se registró una muerte cada cuatro días.
Asimismo un estudio que realizó un egresado de la Maestría de Resolución de Conflicto de la Universidad de Cartagena, indica que la desmovilización de los grupos armados ha contribuido a que muchos de los desmovilizados, al no integrarse a la sociedad urbana, son presas fáciles de las bandas asociadas al narcotráfico, la extorsión y al sicariato, contribuyendo al estado de inseguridad ciudadana y a las amenazas contra la dirigencia comunal en las ciudades pequeñas o grandes, como Cartagena.
El líder comunal, Alex Gómez, se salvó de una acción de exterminio de las organizaciones sicariales asentadas en Cartagena, y se debió desplazar violentamente a otro barrio. El peligro latente de perder la vida continúa. No puede ejercer sus funciones sociales como presidente de la junta de acción comunal, así como 23 de sus compañeros. Ahora pareciera que estuviera preso en su propia casa, y los delincuentes siguen delinquiendo y amenazando
