El pasado 1 de mayo, Montería cumplió 246 años; momento oportuno para pensar el trasegar de una ciudad construida con esfuerzo y empuje de sus habitantes.
Contamos con una posición geográfica privilegiada, en medio de un valle fértil bañado por el majestuoso río Sinú que atraviesa la ciudad; todo ello, hace que la ciudad goce de una ubicación estratégica en el Caribe colombiano y, con ello, su crecimiento y proyección. Pero, hablemos un poco de su evolución: Montería fue fundada en 1777 por Antonio De La Torre y Miranda, época en que inició con un crecimiento lento, cuando fue creado el departamento de Córdoba; erigida en ciudad capital con una extensión de 174,3 hectáreas y 70.000 habitantes.
En la década de los 80, la ciudad empieza un incremento importante de su población, superando los 150.000 habitantes concentrados en más de 1000 hectáreas. Este incremento poblacional, ocasionado por migraciones campesinas, generado por la pobreza con un modelo económico centrado en la ganadería extensiva, baja productividad agrícola y el conflicto armado en el sur de Córdoba; además, por las inundaciones del río Sinú en la cuenca media y baja. Complejidad social que evidenció la incapacidad de respuesta de la institucionalidad territorial; precipitando un crecimiento espacial desordenado; configurándose una ciudad céntrica y otra periférica; inequitativa y desigual, que no ha podido integrarse por falta de políticas públicas de carácter social que garanticen derecho y generen justicia e inclusión social.
En la actualidad, la capital cordobesa alberga 516.217 habitantes según el censo del Dane 2022, la incidencia de pobreza multidimensional del 26.9%; con 17.4% de Necesidades Básicas Insatisfechas y 6.1% de su población en la miseria; sin embargo, en la zona rural, estos indicadores se incrementan ostensiblemente, alcanzando un 45.93% NBI y un 14.12% en la miseria. Igualmente, más del 80% de su población pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Con una tasa de desempleo del 13.4%; la tercera ciudad del Caribe con mayor desempleo y la octava a nivel nacional; la tasa de informalidad de 62%, ubicándose en el quinto lugar a nivel nacional; un desempleo juvenil del 26.1% convirtiéndose en la cuarta ciudad con mayor indicador de desempleo juvenil. A lo anterior, se suma la pobreza monetaria en un 43.7% (2021) y 44.2% (2022). Esto demuestra el avance de la pobreza, y con ello, complejidades sociales que no son atendidas con enfoque de derechos.
Todos estos aspectos han marcado el pasado y presente; una reflexión sobre la ciudad debe tener presente estas realidades históricas con las que hemos convivido de manera silenciosa e indiferentes; es decir, tenemos una deuda social acumulada. Subsanarla debe ser la prioridad en las próximas décadas. Por consiguiente, necesitamos un pacto social que garantice derechos y justicia social; lo anterior, con la participación de los actores sociales, y no solo, la expresión político-electoral a la que hemos reducido la democracia.
Este nuevo pacto social permitiría construir una sola Montería pensada y construida entre todos y para todos, con una agenda de desarrollo común que genere progreso, bienestar, equidad, solidaridad y libertad.
Nuestra villa soñada, la llamada “Perla del Sinú” tiene un presente prometedor, de nosotros depende hacerlo posible. Una ciudad donde quepamos todos con dignidad, vida buena y justa.
