El pasado lunes 30 de enero del presente año, en la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba y con presencia de los principales lideres del partido político Unión Patriótica (UP), en esta región del país; sobrevivientes de su exterminio; y defensores de los Derechos Humanos, que simbolizan la resistencia, dignidad y perseverancia; en busca de la justica y verdad; que tarde, pero llegó. Por medio virtuales, escucharon como la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) hizo lectura del fallo sobre casos de integrantes y militantes de la Unión Patriótica y las graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes de la (UP) a partir de 1984 y por más de veinte años.
La comisión calificó estos hechos como un exterminio y consideró que el Estado es responsable internacionalmente por el incumplimiento de sus deberes de respeto, y de garantías, por las privaciones del derecho a la vida, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamiento, desplazamiento forzado y tentativas de homicidio. Asimismo, determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial por la alegada criminalización y torturas. Además, concluyó que el Estado violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación, puesto que el móvil de las alegadas violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las presuntas víctimas a un partido político y la expresión de sus ideas a través de este. También, estimó que el Estado violó el derecho a la honra y dignidad de los integrantes y militantes de la (UP) puesto que estos habrían sido estigmatizados
tanto por agentes estatales como por actores no estatales. Del mismo modo, determinó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y, protección judicial, y el deber de investigar las alegadas graves violaciones de derechos humanos ocurridas.
Este fallo de la justicia internacional contra el estado colombiano, evidencia la responsabilidad por acción y/o omisión estatal; por no garantizar sus fines esenciales y fundamentales; y con ello, convirtieron la democracia en una especie de campo de concentración; donde se asesinaba y desaparecía a los militantes de un partido político de izquierda; de distintas formas y métodos; era una herejía que se pagaba con la propia vida; pensar y tener militancia en una concepción política distinta a la dominante; todo un genocidio político, frente a la indiferencia del estado y la sociedad; todo un régimen del terror, fundamentado en la doctrina de la seguridad nacional y su concepción del enemigo interno.
Este fallo de la CIDH, representa verdad, justicia y reparación para un partido político exterminado; que durante 30 años, busco a través de la justicia internacional el reconocimiento y responsabilidad del estado colombiano. Pero el contenido del fallo de la CIDH, debe ser conocido por la sociedad colombiana y especialmente por las presentes generaciones; alrededor de los que no puede volver a pasar en Colombia. Con el exterminio de la UP, se extinguió una generación de hombres y mujeres; en su mayoría jóvenes que soñaban y lideraban la construcción de una sociedad justa; lo intentaron hacer desde el escenario democrático y el debate político; pero enfrentados a un sistema político rígido, piramidal y excluyente; que ha hecho de
la violencia y la muerte su mecanismo de exclusión y negación de la diferencia.
El mensaje de este fallo es justicia y no repetición; necesitamos un sistema democrático centrado en la convivencia plural y diversa, donde la única violencia permitida sea la del mejor argumento.
