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La relación entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Contraloría Distrital atraviesa una crisis después de que el ente de control revelara un presunto detrimento patrimonial por más de 264 mil millones de pesos en los contratos suscritos entre el Distrito y varias entidades, incluidos la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) y Aguas de Cartagena.
El enfrentamiento se intensificó cuando la Alcaldía, bajo la administración de Dumek Turbay Paz, acusó a la Contraloría Distrital, dirigida por Ángela Cubides, de incurrir en irregularidades legales y constitucionales durante su intervención. Según la Alcaldía, la Contraloría no tiene autoridad para ejercer un control fiscal previo, como lo hizo en los allanamientos a varias dependencias municipales realizados entre el 24 y el 30 de diciembre. La administración de Turbay sostiene que dicha facultad corresponde únicamente al Contralor General de la República, y no a la Contraloría Distrital.
El Comité Central de Auditoría del Distrito, compuesto por los jefes de Control Interno de las diversas dependencias, respondió a este proceder con un oficio formal en el que cuestionó el marco legal de la actuación del ente de control, alegando que no se puede realizar un control fiscal preventivo o concomitante, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia.
Ante estas críticas, la Contraloría Distrital ratificó su postura, defendiendo su labor como parte de su misión constitucional y legal de proteger los recursos públicos. En su comunicado, advirtió que los hallazgos realizados en los contratos con Aguas de Cartagena y la UAECD han revelado graves irregularidades. En particular, se identificaron 5 hallazgos con posibles implicaciones administrativas, fiscales, penales y disciplinarias, por los cuales se iniciará una serie de acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con el análisis de la Contraloría, el contrato con la UAECD mostró 12 hallazgos administrativos, con una presunta incidencia fiscal de más de 25 mil millones de pesos. Además, se advirtieron posibles faltas disciplinarias y penales por la mala ejecución de los recursos públicos.
El Distrito, por su parte, rechaza rotundamente las actuaciones de la Contraloría y denuncia que esta situación podría estar relacionada con una «retaliación política» debido a la modificación presupuestal que el Distrito aprobó para el órgano de control en el presupuesto de 2025. Esta modificación, según algunos actores políticos de la ciudad, habría generado tensiones entre las dos entidades.
Mientras la disputa se sigue desarrollando, la Contraloría ha dejado claro que continuará con su misión de velar por la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos en Cartagena. Las acusaciones mutuas y las diferencias sobre el marco legal del control fiscal dejan abierta una controversia que podría tener repercusiones en la gobernabilidad y la administración de los recursos públicos en la ciudad.
