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El reciente Informe Nacional sobre Minería Ilegal en Colombia, publicado por la Procuraduría General de la Nación el 13 de diciembre de 2024, destaca al departamento de Bolívar como una de las principales zonas del país afectadas por esta problemática. En particular, 17 municipios de la región figuran como focos de esta actividad, entre ellos Altos del Rosario, Arenal del Sur, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Montecristo, Morales, Norosí, Regidor, Río Viejo, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simi
La minería ilegal en Bolívar se concentra principalmente en estas localidades debido a la cercanía de dos de las cuencas hidrográficas más importantes de Colombia, los ríos Cauca y Magdalena, así como por la presencia de la Serranía de San Lucas. Sin embargo, más allá de la calificación de la actividad como «ilegal», la comunidad local plantea una problemática más profunda: la falta de formalización para los pequeños y medianos mineros que buscan operar dentro de
Según Roberto Fuentes del Toro, secretario técnico de la Mesa Campesina de Diálogo Social del Sur de Bolívar, «mucha gente vive de esta actividad y le han dicho al Estado que quieren formalizarse y trabajar de manera legal. Piden su título minero, pero no logran obtenerlo debido a los Múltiples obstáculos burocráticos». Entre las principales dificultades, Fuentes señala los complicados trámites para obtener una licencia ambiental, la falta de accesibilidad a las autoridades competentes para radicar los documentos necesarios y la atención de un verdadero diálogo entre los mineros y las entidades encargadas de la formalización.
Los mineros de la región han manifestado en diversas ocasiones su disposición a cumplir con los requisitos legales para llevar a cabo la actividad de manera responsable, pero como
La solución a través de la formalización
En lugar de centrarse en operativos de erradicación de la minería ilegal, desde la Mesa Campesina de Diálogo del Sur de Bolívar proponen una solución integral: acelerar los procesos de formalización para los mineros que desean regularizarse. De acuerdo con Fuentes, «el Gobierno Nacional tiene que buscar un mecanismo idóneo para acabar con este flagelo.
Para llevar a cabo esta iniciativa, el líder social enfatiza la necesidad de convocar mesas de trabajo con la participación activa de todas las entidades competentes en la materia. Además del Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, Fuentes destaca la importancia de incluir en estas mesas a la Corporación Autónoma Regional del del Sur de Bolívar que es un actor clave para el trámite de la licencia ambiental.
A partir de estos espacios de diálogo, se podrían desarrollar mecanismos específicos para formalizar a los mineros de la zona, como la creación de cooperativas de trabajo que faciliten el acceso a los recursos y los trámites legales. «Esta es la solución integral que proponemos. No se trata de hacer operativos que solo generarán más afectaciones, sino de crear condiciones para que los mineros puedan operar legalmente», concluyó Fuentes.
A medida que el problema de la minería ilegal continúa creciendo en Bolívar, la comunidad insiste en que la clave para resolver la crisis no es la persecución, sino la inclusión de los mineros en un proceso de formalización que les permita desarrollar su actividad de manera sostenible y respetuosa.
