La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a la representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Ángela María Vergara González, por el presunto delito de cohecho impropio. La decisión no impuso medida de aseguramiento.
Los hechos investigados se remontan al 2016, año para el cual la congresista del Partido Conservador habría pactado la entrega de dádivas y participación en contratos para favorecer a uno de los candidatos que participaban en la elección a la Alcaldía de Cartagena.
Para ese entonces, Vergara González se desempañaba como edilesa de la localidad Histórica y del Caribe Norte de la ciudad. Estuvo ejerciendo esa función desde el 2015 hasta el 2021.
Ángela María Vergara González es abogada de la Corporación Universitaria Regional del Caribe y cursó una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Libre. Con una trayectoria que inició en la alta consejería para la Juventud de Bolívar en 2012, bajo la Gobernación de Juan Carlos Gossaín, y con tres periodos consecutivos como edilesa, Vergara González renunció a su último cargo con miras a un escaño en la Cámara de Representantes. A pesar de obtener más de 7.000 votos en su candidatura, inicialmente no logró asegurar un asiento en el Congreso de la República. Sin embargo, en enero de 2023 asumió la posición parlamentaria que quedó vacante tras la renuncia de Yamil Arana, quien aspiró y ganó la Gobernación de Bolívar en las elecciones regionales de octubre de ese año.
Los vínculos familiares y políticos también forman una parte importante de su trayectoria, siendo hija de Rafael Nilo Vergara, quien aspiró a la Asamblea de Bolívar, y esposa de Jorge Alonso Useche, exconcejal implicado en un escándalo de corrupción en la Alcaldía de Cartagena durante el mandato de Manolo Duque.
En cuanto a su postura política actual, se ha caracterizado por una línea de independencia frente al Gobierno de Gustavo Petro, mostrándose favorable al Plan Nacional de Desarrollo y la Jurisdicción Agraria, pero opositora a la reforma de la salud y coautora de una contrarreforma laboral junto a la bancada conservadora. La acusación formal sobre la representante a la Cámara, Ángela María Vergara, se suman a la confirmada el 20 de marzo de 2024 sobre el también representante Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa.
A este último se le señala como responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por hechos relacionados con presuntas irregularidades en dos contratos celebrados en 2018 para la prestación del servicio público de energía en La Guajira. De acuerdo con el alto tribunal, cuando Cerchiaro Figueroa fue alcalde de Barrancas, entre 2016 a 2019, suscribió los contratos con las sociedades Alumbrado Público de Barrancas S.A.S y la Interventoría Alumbrado Público de Barrancas, utilizando facultades especiales otorgadas por el Concejo municipal.
Sin embargo, Cerchiaro era consciente de que los recursos recaudados por impuestos eran insuficientes para cubrir los costos operativos del sistema de alumbrado público y la provisión de energía eléctrica. Aún así, el entonces alcalde “no se basó en los estudios técnicos exigidos por la ley para llevar a cabo el nuevo contrato de concesión de alumbrado público, lo que resultó en la implementación de un modelo económico deficitario”, explicó la Corte en el fallo. Así las cosas, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la falta de estudios efectivos sobre la financiación del alumbrado público generó la inviabilidad del negocio estatal, siendo imposible cubrir sus costos operativos y los de provisión de energía eléctrica.
