La propuesta del actual Director del Departamento de Prosperidad Social – DPS, adscrito a la Presidencia de la República, Sr. Gustavo Bolívar, de abolir algunos subsidios y promover los emprendimientos, entendiendo que en Colombia desde hace varios lustros, se vienen instalando propuestas económicas en el marco de lo que se conoce como Estado de Bienestar, cuyo objetivo ha sido, reducir los impactos sociales que tiene el modelo económico, lo cual, es determinante, para dar el paso de una economía atrasada, a una economía desarrollada en el marco del libre mercado, pensando por su puesto, en hacer efectivo un modelo político socialdemócrata.
La oferta de Bolívar, plantea un enfoque radical para abordar los retos económicos y sociales en Colombia. Esta propuesta desafía la noción convencional de que el Estado debe proporcionar subsidios para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, y en su lugar, aboga por un enfoque centrado en el fomento del espíritu empresarial y la creación de empleo como medios para impulsar el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado, para lo cual, seguramente, todo el entramado económico y social en Colombia, debe acondicionarse y cambiar, para acoger y desarrollar los nuevos proyectos económicos.
Un análisis crítico de esta propuesta, a mi modo de ver, revela diversas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta, para evitar su pronto fracaso y para impedir que entusiastas emprendedores populares, pierdan el optimismo y se dejen llevar por el camino de la desesperación, al momento de enfrentar la competencia leal y desleal en una economía de mercado. En primer lugar, abolir los subsidios sin medidas de apoyo adecuadas podría tener consecuencias devastadoras para aquellos que dependen de ellos para cubrir necesidades básicas, de allí la importancia, como se ha afirmado por Bolívar, de mantener los subsidios para aquellos sectores poblacionales que lo requieran estrictamente, debido a su real incapacidad de generar proyectos productivos.
Sin embargo, para aquellos grupos o sectores, a los cuales se les desmotarán los subsidios a cambio de apoyos para la generación de empresas, se debe contemplar, además de la necesaria capacitación asociativa, técnica, tecnológica, financiera y de comercio, la implementación de programas de transición o alternativas viables, por lo menos hasta que los nuevos emprendimientos alcancen el punto de equilibrio económico y se hagan sostenibles en medio de la competencia, so pena de exacerbar la pobreza y la desigualdad en lugar de mitigarlas. Es crucial asegurar que la abolición de los subsidios no deje atrás a los más vulnerables de la sociedad, intentando, adicionalmente, reducir la desigualdad y garantizar un nivel básico de vida para todos los ciudadanos, con un especial énfasis en la protección social.
Por otro lado, promover los emprendimientos, como se ha probado y fracasado en algunos proyectos de reinserción o reincorporación de excombatientes, para sustituir los subsidios, plantea interrogantes sobre la accesibilidad y la equidad en el entorno empresarial. ¿Tienen todos los ciudadanos el mismo acceso a recursos y oportunidades para iniciar y hacer crecer sus negocios? ¿O corremos el riesgo de perpetuar desigualdades económicas si solo unos pocos pueden beneficiarse de estas políticas? Es esencial garantizar que haya un acceso equitativo a la financiación, la capacitación y el apoyo empresarial para que todos tengan la oportunidad de prosperar, lo cual plantea nuevos retos en el marco de la globalización y los Tratados de Libre Comercio. ¿El Estado va a asumir la comercialización de los productos? ¿se va a implementar una política proteccionista, lo que implica revisar los TLC o la oleada de nuevos pequeños empresarios se van a arrojar a la libre competencia ligada al mercado interno y a las exportaciones? ¿cuál es el porcentaje de éxito previsto?
Es crucial considerar la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de promover los emprendimientos como, parte fundamental de una estrategia económica y social, para superar la pobreza y la inequidad. ¿Es realista esperar que todos los ciudadanos jóvenes merecedores de subsidio se conviertan en emprendedores exitosos? En ese sentido, es sano pensar, como lo manifiesta el Director del DPS, en lograr un enfoque equilibrado que combine el fomento del espíritu empresarial con políticas sociales sólidas que protejan a los más vulnerables y promuevan la igualdad de oportunidades, de tal forma que la presión social no se incline sobre un programa naciente de nuevos empresarios y empresarias, para que las cargas de nuevas responsabilidades que se depositarán seguramente en la familia, no terminen ahogando al bebé antes de nacer.
Es evidente que la promoción de los emprendimientos no debe desviar la atención de la responsabilidad del Estado en proporcionar servicios básicos y protección social. Si bien el espíritu empresarial puede ser un motor importante para el crecimiento económico, el Estado sigue siendo responsable de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud, educación, vivienda y protección social. La abolición de los subsidios no debe ser una excusa para recortar los gastos sociales ni para abandonar a aquellos que más los necesitan, por el contrario, si el programa es exitoso, como seguramente las y los colombianos queremos, el Estado liberará recursos y recaudará nuevos impuestos, los cuales pueden fortalecer programas sociales que siguen siendo débiles, en especial aquellos relacionados con la reparación integral a las víctimas de la violencia.
De otro lado, en Colombia existe una variable no controlada para la proyección real de la economía, me refiero al ingreso a la economía legal, de dineros provenientes del narcotráfico, el tráfico ilegal de fauna silvestre, la explotación y comercio ilegal de oro, la trata de personas, el tráfico de armas y municiones, la extorsión y el secuestro, que minan la sana competencia y arrojan constantemente a los nuevos emprendimientos a la quiebra. ¿Cómo controlar esta realidad que afecta todos los renglones de la economía y blindar su producción y comercio de los dineros mal habidos? ¿Tendrá nuestra sociedad que recurrir, como lo ha expresado el Presidente de República, a la construcción de un Gran Acuerdo Nacional que incluya un pacto contra las economías ilegales y promueva la transparencia en la justicia? Seguramente no existe otro camino, de tal forma que, en un Acuerdo de esta naturaleza, se incluya, en la voluntad consensuada de quienes queremos un presente y un futuro mejor, la promoción de la industrialización y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
El nuevo enfoque, planteado en la propuesta de Gustavo Bolívar de abolir algunos subsidios y promover los emprendimientos, como una nueva política del cambio, hace parte de las promesas de campaña del Presidente Gustavo Petro U, en el marco del Estado de Bienestar, lo que plantea importantes desafíos y oportunidades. Si bien el fomento del espíritu empresarial puede ser una herramienta valiosa para impulsar el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado, es crucial implementar medidas complementarias para garantizar la protección social y la equidad, como se plantea en la reforma a la salud, la reforma educativa, la reforma pensional y laboral, así como en el nuevo enfoque de luchas contra el narcotráfico y la búsqueda de acuerdos para ponerle fin al conflicto armado interno en todas sus manifestaciones. La clave está en encontrar un equilibrio entre la promoción del emprendimiento y la preservación de los principios fundamentales del Estado de Bienestar como parte esencial del Estado Social de Derecho.
