Redacción: laregional.net
El Juzgado Primero Penal del Circuito Riohacha-La Guajira, admitió la acción de tutela interpuesta por el líder social, Jorge Miguel Guevara Fragozo, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Dirección Seccional Guajira de la Fiscalía General de la Nación, Gobernación de La Guajira, la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Asuntos Indígenas de La Guajira y el Secretario de Educación del departamento de La Guajira.
A través del recurso jurídico, Guevara Fragozo, pide información a las mencionadas entidades públicas, sobre la realidad de la desnutrición infantil en La Guajira, problema social que a diario evidencia los altos niveles de pobreza que viven los habitantes de ese territorio. También se espera un balance de las acciones que hasta la fecha se han emprendido para atender a este sector de la comunidad.
En diálogo con laregional.net, Jorge Miguel Guevara, dijo “el 2 del mes de abril radiqué un derecho de petición ante la Gobernación de La Guajira y la seccional del ICBF para obtener información de primera fuente sobre los reportes de niños fallecidos por desnutrición en La Guajira”.
La información ha sido negada, nadie dice nada frente a esta terrible situación en La Guajira, y de la que en el país solo se acuerdan cuando quieren sacar algún redito político.
¿Qué intentan ocultar las entidades gubernamentales frente a estos datos? ¿Cuáles son las cifras que no quieren que sepa la ciudadanía?
Para nadie es un secreto que el ICBF, seccional del departamento, es un fortín político manejado por las familias más poderosas de La Guajira, las mismas que desfalcaron la entidad y saquearon los dineros que debían ser destinados a la atención de la niñez, dijo Guevara Fragozo, quien durante años se ha dedicado a la atención de las familias vulnerables en el departamento.
“Quizá para ellos se trate solo de cifras, números que pueden maquillar y presentar en sus informes, pero cada niño que muere de hambre es una familia que pierde la esperanza y no podemos ser indolentes ante esta realidad”.
Hay que activar las veedurías ciudadanas y hacer efectivo control en La Guajira, donde los políticos se acostumbraron a hacer y deshacer sin que nadie les reclame nada. “Por eso hemos tomado esta iniciativa y esperamos contar con el respaldo de la gente, para denunciar todas las irregularidades al interior de la institucionalidad”, dijo.
La acción de tutela fue admitida por la jueza, Nayke Yanina Pimienta Reverol, ahora toca esperar con que nos salen, con que excusa van a tratar de seguir ocultando la verdad sobre este drama social.
