Redacción: La Maye Rodríguez – Periodista laregional.net- La eleción de Adriana García como directora de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), para el periodo 2024-2027, ha quedado en el centro de una nueva controversia legal, luego de que el Consejo de Estado admitiera una demanda de nulidad electoral en su contra. La acción judicial fue interpuesta por el abogado Paolo Alberto Sierra, aunque el alto tribunal negó la medida cautelar que se solicitaba dentro del proceso.
El litigio se fundamenta en dos argumentos principales. En primer lugar, se cuestiona la negativa del Consejo Directivo de Corpocesar a aplazar la elección de García, a pesar de una solicitud formal presentada el 11 de diciembre de 2024 por la consejera Emma Judith Salamanca Guauque, delegada del Ministerio de Ambiente. Según la demanda, la funcionaria advirtió sobre posibles irregularidades en el procedimiento, que podrían haber afectado la legalidad del acto de designación. Sin embargo, el Consejo Directivo decidió continuar con el proceso, desestimando la petición.
El segundo punto de la demanda plantea que el Consejo Directivo habría incurrido en extralimitación de funciones al resolver recusaciones presentadas contra algunos de sus miembros, cuando, según el demandante, la competencia para decidir sobre estas recusaciones correspondía a la Procuraduría General de la Nación.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que la designación de Adriana García es objeto de disputa legal. En diciembre de 2023, su elección como directora de la entidad fue anulada por el Consejo de Estado tras una demanda interpuesta por el Ministerio de Ambiente, que alegó vicios en el procedimiento. No obstante, en la más reciente elección de diciembre de 2024, García obtuvo 11 votos a favor, mientras que los delegados de Presidencia y del Ministerio de Ambiente se abstuvieron de participar en la votación.
Un aspecto que añade complejidad al caso es la relación del abogado demandante, Paolo Alberto Sierra, con Wilmen Vásquez, funcionario de Corpocesar que en repetidas ocasiones ha intentado asumir la dirección de la entidad. Este vínculo ha despertado interrogantes sobre los intereses detrás de la demanda y el impacto que podría tener en la estabilidad administrativa de Corpocesar.
