Colombia está aterrada y atemorizada. La libertad de prensa está amenazada. Desde los años 80 en la época del mayor asesino que tuvo el país, Pablo Escobar que baño de sangra a varios medios de comunicación y asesinó a varios periodistas entre ellos: Don Guillermo Cano, el 17 de diciembre de 1986, director de El Espectador y después en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y sus famosas chuzadas a periodistas, el país no vivía una situación de semejante envergadura que hoy tiene el vilo la libertad de expresión y de paso la democracia.
En las últimas horas, los violentos amenazaron de muerte a la periodista y columnista de la Revista Semana, María Jimena Duzan, horas más tardes a los comunicadores de la cadena radial RCN y más tarta a dos periodistas del portal la Silla Vacía y también a la comunicadora Yineth Bedoya, quien ya había sido secuestrada y violada por los paramilitares.
Estas amenazas a periodistas sucede en paralelo al incremento en el número de asesinatos sistemáticos a líderes sociales a lo largo y ancho del país. “En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) FLIP en un comunicado expresó su preocupación por esta ola de acciones violentas “expresamos nuestra preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones”,
De acuerdo con la FLIP, en lo que del año 2018 se ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año 2017. “Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, en este 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento
considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.
Desde el gobierno nacional, entidades no gubernamentales y el presidente Iván Duque han rechazado las amenazas a periodistas y la FLIP exige garantías para los comunicadores amenazados.
Según el Centro de Estudios de la FLIP, este de semana el Bloque Central de Las Águilas Negras difundió un panfleto, al parecer, en el que se amenazaba la integridad física de la periodista Jineth Bedoya y dos colegas de La Silla Vacía. Las profesionales habrían sido señaladas como pertenecientes a la guerrilla y se les declaró objetivo militar.
“Esta vez no estamos jugando, a partir de la fecha procedemos a la ejecución total de nuestras advertencias por varios años y que no fueron escuchadas por estos milicianos guerrilleros disfrazados de supuestos líderes y lideresas sociales”, afirma el comunicado del grupo armado.
Para la FLIP los siguientes casos de periodistas requieren protección urgente del Estado:
Ricardo Ruidíaz es un periodista y activista que ha enfocado sus esfuerzos en denunciar la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio. A pesar de que este reportero ha denunciado diez intimidaciones contra su vida solo en el último año, el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero.
Situación similar enfrenta la reportera Catalina Vásquez, quien desarrolla su labor periodística y de defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín. A pesar de que el
pasado cinco de julio la FLIP solicitó a la UNP medidas de protección por trámite de emergencia para la periodista por los asesinatos de los que han sido víctimas algunas fuentes cercanas a ella en este sector de Medellín, la entidad no ha atendido al llamado de urgencia y Vásquez continúa expuesta al riesgo derivado de sus labores en el territorio.
De igual forma, la periodista Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, a raíz de las amenazas que estaba recibiendo por el desarrollo de su labor periodística. La reportera se dedica a investigar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente. Actualmente la reportera se encuentra sin protección por parte de la UNP y su situación de vulnerabilidad es alta.
Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, quien el pasado viernes 6 de julio fue víctima de amenazas a través de una llamada telefónica mientras promovía una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales. La UNP tuvo conocimiento de estos hechos y solicitó medidas de protección por trámite de emergencia para proteger a la reportera. Sin embargo, la entidad aún no ha atendido el llamado.
Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género. Gómez recibió una de las amenazas a través de su hija, Vásquez ha sido víctima de insultos y tratos denigrantes y, aunque no hay registro de violencia por razones de género en contra de Montoya, es urgente que la UNP tenga en cuenta estos factores al momento de actuar para procurar la seguridad de estas reporteras y sus familias.
Y puntualiza la FLIP que frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la UNP para
garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo. La Fundación solicita al gobierno nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.
De acuerdo con información documentada por la FLIP, en el 2006 se presentaron 166 Víctimas y 140 Violaciones a la Libertad de Prensa. Mientras que en 2017 el número se incrementó: Víctimas: 261 – Violaciones: 162, presentando una baja durante el 2008, Víctimas: 180 – Violaciones: 129 y disparando las estadísticas para el 2009 – Víctimas: 239 – Violaciones: 143.
Entre los años 2010 – Víctimas: 169 – Violaciones: 117 y 2011 – Víctimas: 168 – Violaciones: 137, las cifras se mantuvieron y para el 2012 – Víctimas: 193 – Violaciones: 159, se incrementaron, manteniendo la tendencia para los siguientes años: 2013 – Víctimas: 194 – Violaciones: 123 y 2014 – Víctimas: 171 – Violaciones: 137.
Situación agravante se registró para el 2015, incrementando, las Víctimas a 232 – Violaciones: 147. 2016 – Víctimas: 262 – Violaciones: 216, sufrió un descenso y para 2017, se volvieron a prender las alarmas por el aumento de casos de Víctimas que sorprendió con una cifra de 375 – Violaciones: 316. En lo que va corrido del 2018 – Víctimas: 282 – Violaciones: 227.
Costa Atlántica
La Costa Atlántica no es ajena a esta grave situación que afronta la libertad de expresión y todos los ocho departamentos se han registrado cualquier tipo de amenaza a la libertad de prensa y expresión.
Por ejemplo en lo que va corrido de 2018, el mapa es el siguiente:
La Guajira: Violaciones 4 – Víctimas 4
Cesar: Violaciones 8 – Víctimas 13
Magdalena: Violaciones 9 – Víctimas 14
Atlántico: Violaciones 2 – Víctimas 2
Bolívar: Violaciones 5 – Víctimas 5
Sucre: Violaciones 2 – Víctimas 2
Córdoba: Violaciones 4 – Víctimas 4
