A solo nueve días de haber iniciado el año 2020 las autoridades del departamento de Córdoba trabajan con el fin de implementar estrategias y políticas públicas que permita lograr la disminución de las muertes violentas que se registraron durante el año 2019.
Según las estadísticas oficiales suministradas por las autoridades, en el departamento se registraron 378 muertes violentas, en su mayoría selectivas; 179 murieron en accidentes de tránsito; 56 se suicidaron, 37 personas murieron ahogadas, 10 murieron por accidentes laborales y 5 más por descargas eléctricas para un total de 665 personas, de este total, 24 fueron mujeres y 11 menores de edad.
Laregional.net logró conocer el informe de Alertas Tempranas emitido por la Defensoría del Pueblo, en donde se aprecia que es poco lo que se viene haciendo para evitar el desplazamiento, las amenazas y las muertes selectivas.
En el documento le solicitan a la Gobernación de Córdoba y las alcaldías diseñar e implementar mecanismos institucionales tendientes a evitar la consumación de situaciones de riesgo que afecten a líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunitarios, y defensores de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo observa con preocupación el incremento de la situación de riesgo y vulneración del derecho a la vida, integridad personal y seguridad de la población indígena Emberá Katío del Alto Sinú; de los campesinos firmantes del acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos ilícitos; líderes sociales; dirigentes campesinos; dirigentes indígenas; miembros de la Coordinadora de Cultivadores y Trabajadores de coca, amapola y marihuana, COCCAM Córdoba; miembros del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y miembros de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, ASODECAS, derivadas de las agresiones por parte de miembros de las AGC; las supuestas purgas al interior de organizaciones armadas ilegales, entre otros.
