El alcalde no asistió a la cita con el Procurador delegado para los pueblos indígenas y el secretario de gobierno que quedó encargado se disculpó porque solo está en el cargo hace cuatro meses y no tiene los elementos para responder. El procurador anunció investigaciones.
La Procuraduría General de la Nación hizo presencia en el municipio de Bello – Cesar, con ocasión de la celebración de una audiencia pública el 9 de mayo en el recinto del Concejo Municipal, el Procurador Nacional delegado para asuntos étnicos Richard Moreno Rodríguez, Coordinador de Asuntos Indígenas hizo presencia en representación del máximo órgano de control con la finalidad de verificar las denuncias presentadas por el Pueblo Arhuaco en contra de la Administración Municipal de Pueblo Bello.
A pesar de que la Procuraduría realizó previamente la citación a la audiencia pública, el Alcalde no asistió por encontrarse de vacaciones, según dijo el Secretario de Gobierno Adrián Fajardo Téllez fungiendo como Alcalde encargado, vacaciones de las que ni siquiera Omar Alberto Mestre Pérez, el Presidente del Concejo, tenía conocimiento.
Richard Moreno Rodríguez, Procurador delegado, notoriamente molesto inició su intervención una hora después de lo programado, recordando que ya en una ocasión el Alcalde Juan Francisco Villazón lo había dejado esperando en el despacho de la Alcaldía y que por consiguiente lo citó en Bogotá, a donde sí asistió, pero sus respuestas a los cuestionamientos no fueron satisfactorias, ya que manifestó que en los acuerdos protocolizados la administración se obligaba a la gestión de los recursos, no a la ejecución de los acuerdos. En ese momento, contó el procurador delegado, se le anunció al alcalde que la Procuraduría General de la Nación convocaría a una audiencia pública de control a la administración y con presencia de las comunidades.
La audiencia se realizó igual
Con la ausencia del primer mandatario del municipio se llevó a cabo la Audiencia Pública, la cual buscaba respuestas de la administración básicamente a dos preguntas:
-¿Cuál ha sido el nivel de cumplimiento, en términos de ejecución presupuestal en los tres años de gobierno, de los 76 acuerdos protocolizados en el acta de consulta previa del Plan de Desarrollo Municipal con el Pueblo Arhuaco, así como los montos asignados para la vigencia de 2019 para darle continuidad a esos acuerdos?
-¿Cuáles son las acciones jurídicas y constitucionales que la Administración Municipal viene adelantando para garantizar la protección de derechos individuales y colectivos del Pueblo Arhuaco?
Antes de darle la palabra a las autoridades del Pueblo Arhuaco, el Procurador Nacional delegado para asuntos étnicos Richard Moreno le preguntó al Alcalde encargado si estaba en capacidad de responder a las preguntas, a lo que respondió que lo más conveniente era esperar a que el Alcalde titular regresara de sus vacaciones, pues él tan solo lleva cuatro meses en el cargo y no está en capacidad para responder a las inquietudes de la Procuraduría.
El representante del Pueblo Arhuaco, Norey Quigua lamenta la falta de compromiso del Alcalde al no presentarse y enviar encargado a alguien que no cuenta con los elementos para dar respuesta a las demandas del Pueblo Arhuaco y los requerimientos de la Procuraduría.
Recordó que a pesar de haberse creado La Mesa permanente de dialogo y concentración entre el Pueblo Arhuaco y la administración por decreto, nunca ha funcionado en la práctica. Esta mesa sería el escenario perfecto para implementar un mecanismo de monitoreo a los avances de la política pública que concierne al Pueblo Arhuaco. Así mismo lo sería para la identificación y gestión conjunta de financiadores aliados, para lograr las metas propuestas en el plan de desarrollo municipal, pero no ha habido un dialogo de la administración con el Pueblo Arhuaco.
Las Autoridades Arhuacas de Simonorua, jerwa y Nabusimake se refirieron a que a pesar de haber llegado a unos acuerdos al principio del mandato del alcalde con el Pueblo Arhuaco, en los tres años de gobierno solamente han habido incumplimientos, incluso hasta el día de hoy, en que muchas personas vinieron desde muy lejos a escuchar las respuestas del Alcalde y perdieron el viaje porque no dio la cara. Reafirmaron su disposición al diálogo, pero sí consideran necesario la intervención de la Procuraduría.
Las otras voces que se sumaron a los indígenas
A su vez los concejales de la oposición que hacían presencia en el recinto, denunciaron la dificultad para que la institucionalidad ofrezca la información oportuna que se le solicita. Manifiestan haber pasado más de 90 derechos de petición en diferentes instancias sin que se les diera nunca respuesta de fondo. Ni la Registraduría, ni la Empresa de tratamiento de aguas, ni el Hospital dan respuestas satisfactorias. Solicitan acompañamiento especial de la procuraduría para ver por qué la administración no garantiza el derecho fundamental a la información.
Finalmente otros sectores de la sociedad pueblobellana denunciaron entre otras el vertimiento directo de residuos sólidos al río Ariguaní; el inminente desastre natural en la comunidad de Puerto Hundido, ubicada sobre el mismo río; el uso indebido de la emisora institucional para señalar y estigmatizar a la oposición política a la administración; la ausencia de una política pública de víctimas vigorosa y con presupuesto a pesar de haber sido seleccionado como municipio PDET y que dos de sus corregimientos están en proceso de convertirse en sujetos de reparación colectiva; el incumplimiento a dos comunidades que ocuparon predios en el municipio donde la mayoría son víctimas del conflicto; finalmente se denunció el rearme paramilitar en el municipio y se evidenció a través de un panfleto que circuló por el pueblo firmado por las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada.
La respuesta del alcalde encargado
En su intervención el secretario de gobierno municipal, Adrián Fajardo Téllez, no se refirió a casi nada de lo expuesto por el Pueblo Arhuaco ni por los otros sectores que participaron. Se limitó a desmentir la idea de que en Pueblo Bello el paramilitarismo se esté rearmando. Dijo: “Ni en las peores épocas de violencia contábamos con un batallón de ingenieros y un Coronel activo al mando de más de 200 tropas en un puesto de avanzada en el municipio”. Que las FFMM no han reportado nada. En replica le recordaron que hace muy poco capturaron un jefe de los pelusos en pleno casco urbano del municipio.
En cuanto al cumplimiento de los acuerdos con las comunidades indígenas dijo textualmente: …desafortunadamente se han incumplido…, de pronto…, con las comunidades indígenas, en esa parte soy consciente y entraría a reconocer, más a título personal, que en efecto la administración municipal ha dejado abandonada a la comunidad indígena, eso no lo discuto”. Al final solicitó aplazar la audiencia hasta que el alcalde Juan Francisco Villazon Tafur pueda estar presente.
Las conclusiones del procurador delegado
¬Richard Moreno Rodríguez, delegado para asuntos étnicos de la Procuraduría, después de haber escuchado tanto a la comunidad, a algunos concejales, a las autoridades Arhuacas, como a la administración municipal, se declaró sorprendido por la diversidad y gravedad de las quejas, cuestionó la efectividad del trabajo del ministerio público a nivel regional y local y anunció a través de unas cortas conclusiones la intervención de la Procuraduría desde el nivel nacional:
- La Procuraduría ha venido a hacer control preventivo, estaba programado y el alcalde fue notificado con tiempo y no anunció su ausencia.
- La Procuraduría tomó atenta nota de todas las denuncias allí enunciadas.
- Se evaluara el trabajo del ministerio público en lo regional y local.
- Vendrán dos funcionarios del nivel nacional, uno del área de transparencia institucional y el otro experto en contratación, a revisar técnicamente los procedimientos de la administración municipal.
- En el mes de junio la Procuraduría hará la primera visita de control, y cuando se convenga una segunda visita de seguimiento.
- Se suspende la audiencia, no se cancela.
La Procuraduría quiere poner orden y la administración tendrá que responder a los requerimientos del órgano de control. El ambiente electoral se mezcla con esta alta presión que está recibiendo la administración en su última etapa y la gente está inconforme, puede que lo manifieste en las urnas
