Luego de una serie de reuniones, informes y análisis de las circunstancias actuales de los asentamientos ubicados en los predios de sabana 1, la Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Gobierno, suspendió temporalmente el desalojo programado en este sector.
El diagnóstico revelado por las autoridades como Policía Nacional, Ejército Nacional y otras de carácter institucional entre ellas la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, indica que los recursos logísticos para ejecutar esta acción son significativos y no se cuentan con ellos: se estima la movilización de 2.000 policías y 800 soldados para garantizar la seguridad en el área. La Policía Metropolitana de Valledupar y la fuerza militar han manifestado que, en términos operativos, no es posible destinar este personal sin afectar otras necesidades de seguridad en la ciudad y la región. Además, un operativo de esta magnitud requeriría recursos económicos y logísticos que actualmente no están disponibles.
Por otro lado, la coyuntura nacional también influye en la decisión. La realización de la COP16 en la ciudad de Cali, uno de los eventos internacionales de biodiversidad más importantes del año, mantiene ocupado a un importante contingente policial, lo que limita aún más la capacidad operativa en el territorio local. En este contexto, la Alcaldía de Valledupar ha decidido posponer cualquier medida de desalojo hasta contar con garantías de seguridad adecuadas y alternativas sostenibles para las familias involucradas.
Son cerca de 30.000 familias ubicadas en los sectores de Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, que conforman el denominado sector de Sabana 1.
Además, la sentencia T-946 de la Corte Constitucional de 2011, que ordena el desalojo, requiere una revisión detallada dado que las condiciones han cambiado en la última década. La administración municipal considera necesario un enfoque actualizado que contemple la viabilidad y proporcionalidad de esta medida, en aras de evitar impactos mayores en las familias asentadas y cumplir con las normas de derechos humanos.
Por último, el alcalde Ernesto Orozco Durán, en uso de sus facultades legales y constitucionales como primera autoridad de policía en el municipio, priorizó la seguridad y el orden público. En la reunión de evaluación participaron la Policía Metropolitana de Valledupar, representantes del Ejército Nacional, Procuraduría, Personería, ICBF, Fonvisocial y el Ministerio de Interior, entre otras instituciones, que también expresaron su compromiso de trabajar de manera conjunta en una solución que permita resolver la situación en Sabana 1 de manera justa y respetuosa con los derechos de sus habitantes.
