Redacción: Sandra Santiago Barbosa
Doce gobernadores menores indígenas del resguardo Zenú Alto San Jorge, estarían amenazados según lo reveló el defensor de Derechos Humanos en Córdoba, Andrés Chica.
Las amenazas se estarían presentado en algunos municipios de San Jorge y del Alto Sinú, donde ejercen presencia como cabildos en el desarrollo del trabajo que hacen para el reconocimiento como pueblo indígena e identidad cultural.
Las amenazas obedecerían a la defensa que han intentado ejercer estos líderes en estas comunidades para mantener la autonomía en sus territorios no permitiendo la injerencia de grupos armados ilegales.
“Además de los 12 gobernadores menores amenazados en el sur de Córdoba, también está el gobernador mayor del resguardo Zenú Alto San Jorge, quien tiene protección del Estado”, explicó Chica, quien aseguró que las amenazas son porque los indígenas defienden la autonomía de sus territorios y dicen que en estos no pueden entrar actores ilegales, ni haber rentas ilícitas como lo es la siembra de coca, la minería ilegal y acciones de violencia.
Los gobernadores bajo amenaza son el cabildo de Buenavista, de La Apartada, Montelíbano, Puerto Libertador-en esta población hay ocho cabildos menores y la mayoría tienen amenazas de muerte-.
Según un estudio de la Universidad del Norte, las poblaciones indígenas están quedando en medio del fuego cruzado que protagonizan disidentes de las Farc, el Clan del Golfo y Los Caparrapos.
Es así como en el sur de ese departamento se registran desplazamientos masivos, entre los que se encuentran comunidades indígenas en municipios como San José de Uré y Tierralta, dice un aparte del estudio de UniNorte.
La gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, explicó que la situación se complica por la injerencia de carteles mexicanos en el departamento.
Reconoció la importancia de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, de las comunidades y distintos líderes sociales y dijo que su llamado siempre ha sido a la Fuerza Pública y a las autoridades para que ahonden en las denuncias y protejan la población civil, así como los líderes sociales y las comunidades indígenas que son las más afectadas.
