La Agencia Nacional de Tierras (ANT) radicó la primera demanda judicial para recuperar tierras públicas en el departamento de Sucre, específicamente en la zona conocida como Ciénaga de Cholén, un territorio históricamente habitado y trabajado por comunidades campesinas y pesqueras.
Esta acción marca un hito en los procesos agrarios tras la Sentencia C-294 de 2024, mediante la cual la Corte Constitucional retiró a la ANT la facultad de resolver estos casos directamente, devolviendo dicha competencia a los jueces de la República. Con esta nueva demanda, la entidad inicia una etapa judicial para frenar el acaparamiento de baldíos y restituir los derechos del campesinado.
Según la ANT, los predios actualmente ocupados no cumplen con los requisitos legales para haber sido adjudicados a los hacendados que hoy los explotan principalmente para ganadería. La entidad insiste en que esas tierras deben ser entregadas a los campesinos del municipio, como lo establece la normativa agraria.
El director de la Agencia, Felipe Harman, afirmó que se han identificado cerca de 200 hectáreas susceptibles de ser redistribuidas. “La ciénaga ha sido históricamente acaparada por unos latifundistas que no solo la secaron, la llenaron de cercas y ganado. Estos son bandidos de la nación”, declaró.
La demanda presentada busca regularizar la situación de 187 hectáreas ocupadas de forma irregular, en un territorio donde los enfrentamientos por la tierra han dejado muertos, heridos y desplazamientos. La disputa ha sido alimentada por conflictos entre campesinos, ganaderos, terratenientes y grupos armados ilegales, en medio de la falta de una respuesta institucional rápida.
Nidia Lambraño, lideresa campesina de la ciénaga San Antonio y Cholén, denunció que los grandes propietarios han convertido los playones y humedales —bienes públicos— en terrenos de renta ganadera, mientras las familias campesinas enfrentan hambre y precariedad.
“Nos están quitando lo único que tenemos. Ellos usan la tierra para ganado y lucro, mientras nosotros no tenemos dónde sembrar. Exigimos justicia”, manifestó Lambraño.
La lideresa también denunció amenazas, destrucción de cultivos y la presencia de personas armadas enviadas por los terratenientes para amedrentar a las comunidades. Según la ANT, al menos tres personas han perdido la vida en estos enfrentamientos por la tierra. Ante la gravedad de la situación, la ANT hizo un llamado urgente al Congreso de la República para que apruebe la creación de una Jurisdicción Agraria, que permita contar con jueces especializados en conflictos sobre propiedad rural y baldíos. “Casos como el de la Ciénaga de Cholén necesitan respuestas inmediatas. Sin una jurisdicción eficaz, las comunidades quedan atrapadas en procesos lentos y excluyentes”, señaló Harman.
La demanda en Sucre no solo busca restituir tierras, sino también encender el debate nacional sobre el modelo agrario y el acceso desigual a la tierra en Colombia, en un contexto donde el conflicto por el campo sigue cobrando vidas.
