Redacción: Sandra Santiago Barbosa
Por presuntas irregularidades en contratos que suman más de 23 mil millones de pesos, indígenas en La Guajira denunciaron ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría al director territorial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, de La Guajira, Álvaro Gómez Trujillo.
En la denuncia aducen las autoridades territoriales indígenas en ese departamento, que Gómez Trujillo habría incurrido en los delitos de celebración indebida de contratos, contratación sin el lleno de los requisitos legales, celebración de contratos con personas no idóneas para la ejecución del objeto, violación del principio de selección objetiva, conflicto de intereses, atropello de la autonomía y autodeterminación del pueblo indígena wayuu, desconocimiento de la sentencia T302, atropello al derecho de igualdad y prevaricato por omisión.
Aducen en la denuncia que el director del ICBF otorgó tres contratos a la Corporación Internacional para el Desarrollo Social y Empresarial, Coindesoem para operar bajo la modalidad propia e intercultural en el municipio de Uribia y Riohacha por valor de $23.857.273.883.
Los denunciantes aducen que el director del ICBF no tiene en cuenta al momento de adjudicar los contratos los niveles de riesgo que significa entregar a una corporación no wayuu de forma monopolizada el control financiero y operativo de más de 8 mil niños indígenas.
“Se irrespetó al pueblo wayuu, desconociendo la autonomía concedida en la sentencia T302 y las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas vigente y con continuidad y excelente experiencia de más de cuatro años operando en las comunidades” afirman en la denuncia.
Otras de las presuntas irregularidades denunciadas es que el director del ICBF adjudicó todos los CDI de Uribia a un solo operador de manera directa sin el lleno de los requisitos.
También denuncian la entrega de un contrato a la Fundación para el Fomento de la Educación, la Productividad y el Desarrollo Socio-económico de la población marginal ‘Fundespa’, para atender a la población afrodescendiente del distrito de Riohacha, el cual al parecer, no cumple con el aval autónomo de la comunidad negra de Los Moreneros.
La denuncia está firmada por autoridades tradicionales wayuu de Bahía Portete, de la vía férrea, del Cabo de la Vela, entre otras. Es de recordar que durante la semana estas comunidades han hecho protestas para pronunciarse por lo que consideran vulneración a sus derechos
