Por: Jairo Torres
El pasado 23 de mayo, la comisión sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que rige la educación superior y que permite avanzar en la aprobación de un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública; un paso importante en el trámite de una reforma necesaria y demandada por los estamentos del sector de la educación superior y los jóvenes de Colombia; la cual tiene como propósito el fortalecimiento de la universidad pública. Importante indicar, que el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal SUE consta de varios componentes: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión.
Los recursos de funcionamiento orientados al crecimiento sostenible de los provistos por el Estado y requeridos para la marcha de las universidades públicas, conformado por cuatro factores: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferencias salariales, productividad docente, aumentos de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos tienen un indicador de transferencia IPC. En este sentido, desde 2019 el SUE trabajó y construyó un nuevo modelo de asignación de recursos para la sostenibilidad de las universidades oficiales; que impida, los déficits anuales originados en los costos educativos superiores al IPC. Estos costos han causado el desfinanciamiento estructural de la universidad pública y con ello, una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.
La construcción del Ices (índice de la canasta educativa), como nuevo modelo financiero para la asignación estatal de recursos al SUE; reconoce la complejidad del sistema y su diversidad; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. Entonces, ¿cuál es el contenido del modelo propuesto por el SUE? El nuevo modelo recoge las experiencias vividas por el Sistema, desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, donde hemos tenido incremento en cobertura al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 650 mil en 2023. Esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios como son: la formación de los profesores universitarios, investigación, internacionalización, movilidad de estudiantes, acreditación de programas y todo lo que tiene que ver con lo institucional.
Este crecimiento de las universidades implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen una política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; lo que ha generado un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de sostenibilidad de las universidades públicas está soportado en el IPC, como indicador de transferencia de la Nación a las universidades; lo que siempre ha sido insuficiente para el financiamiento del SUE. Por consiguiente, el nuevo modelo propuesto corrige el desfinanciamiento y permite la sostenibilidad financiera del SUE.
Hacemos un reconocimiento al liderazgo y apoyo de los congresistas de la comisión sexta de la Cámara de Representantes, por aprobar en primer debate esta reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30; un paso importante en el legislativo para hacer realidad una reforma que garantiza la sostenibilidad financiera del SUE.
