En un 84 % va la aprobación de la Reforma de la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se han discutido cada uno de los artículos de este cuestionado proyecto que planteó el presidente Gustavo Petro.
Fue una carrera legislativa en la que fueron fundamentales el apoyo de los representantes de los partidos Liberal y de La U, cada uno con dos votos, quienes tuvieron un “sí” para los artículos que se aprobaron estas semanas.
Entre estos estuvieron los más sensibles y los que, a priori, estaban llenos de las famosas “líneas rojas” de esos dos partidos y del Conservador. Sin embargo, al sol de hoy, de esas líneas de todos los colores no queda si no el recuerdo de que hace unos meses fueron motivo de disputa y distanciamiento entre la Casa de Nariño y los directores de esas colectividades, reseñó el periódico El Colombiano.
En los 117 artículos aprobados están incluidos los que más preocupan a asociaciones médicas, investigadores, técnicos y exministros de Salud y de Hacienda. Como, por ejemplo, el futuro de las entidades promotoras de salud (EPS) y su conversión a Entidades Gestoras de Salud y Vida; la futura Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y sus nuevas funciones; el pago de los servicios de salud y el aseguramiento en salud; el pago de las deudas con los hospitales públicos, así como la creación de fondos regionales de salud.
Las EPS, como se conocían, no seguirán más
Los artículos 49 y 50 hablan sobre la “transformación de las Entidades Promotoras de Salud” y la “naturaleza y funciones de las Gestoras de Salud y Vida”. Esto les da un tiempo de vida de dos años a las EPS como se conocen actualmente, pues deberán cumplir “las condiciones de permanencia que se les aplica”.
En ese tiempo, las aseguradoras tendrán que cumplir con ocho parámetros, que incluyen organizar los Centros de Atención Primaria en Salud y articular a los prestadores de servicios de salud en redes integrales integradas que autorice el Ministerio de Salud.
Estado pagaría a los hospitales las deudas de las EPS liquidadas
La coordinadora ponente de la reforma, la representante Martha Alfonso (Pacto Histórico) dejó en claro que las aseguradoras no seguirán siendo intermediarias financieras, pues es el alma de la reforma: “La administración pública de los recursos públicos”.
Sin embargo, el investigador en salud de la Universidad de Harvard, Johnattan García, dijo que quitarle esa función a las EPS “le resta al Estado la capacidad de controlar el gasto”, y advierte que “la falta de gestión de control puede generar que el gasto de este sector se dispare” y toque sacar de otros lados esos faltantes.
Sector público manejará plata de la salud
Esta parte de la reforma quedó aprobada en el artículo 60, que define las nuevas funciones de la Administradora de Recursos de Salud (ADRES), que es dependencia del Ministerio de Salud. Actualmente, esa entidad funciona como un banco para la salud. Es decir, recauda los aportes que hacen los ciudadanos por medio de sus empleadores o como independientes, y luego gira ese dinero a las EPS y a algunos prestadores de salud (IPS).
Con las nuevas funciones que tendrá la ADRES, además de esa función, será un pagador único, realizar cobros y hacer auditorías financieras y gestión del riesgo financiero (una función que hoy en día cumplen las EPS). Esto va en consonancia con lo planteado por el Gobierno de ser el que maneja los recursos de salud, pero genera temores en cuanto a si tendría la capacidad de cumplir estas funciones.
Así lo plantea el exsuperintendente de Salud Fabio Aristizabal, pues señala que “no estará preparada, ni en uno ni en dos años para cumplir esas funciones. Para que lo haga, la ADRES tendrá que tener la capacidad instalada que tienen hoy las EPS. No tiene profesionales ni la experiencia ni la capacidad para hacer lo que necesitamos que haga”.
Por su parte, el investigador de sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, plantea que “esto dividirá las funciones en vez de integrarlas. Es un tema serio, porque harán el sistema mucho más ineficiente. Hoy, la ADRES ni siquiera ha podido contratar el sistema de auditoría del SOAT, que es un 3 % de la atención”.
El estado pagará las deudas de las eps
“Serán pagadas gradualmente, con vigencias futuras acordadas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, reza el artículo 84 del proyecto sobre las acreencias que las EPS liquidadas han dejado en los hospitales públicos.
Para comenzar, las vigencias futuras son un compromiso que se paga con presupuestos de años siguientes, que en este caso asumiría el Estado. En segundo lugar, esta deuda podría ascender, al sol de hoy, hasta los $1,7 billones, según la Superintendencia Nacional de Salud
No obstante, el exsuperintendente Aristizabal considera que para que el Estado se haga cargo de esa deuda no es necesaria una reforma de este calibre y advierte que “va a haber muchos riesgos de corrupción”.
Y entonces: ¿en dónde quedan los pacientes?
A fin de cuentas, un sistema de salud está centrado en atender los requerimientos de salud de las personas que acuden al médico. Y Colombia ha logrado mantener buenos índices en la atención en los últimos 30 años, mediante un aseguramiento en salud que es universal, pues su cobertura es del 98 %.
En ese sentido, Andrés Vecino advierte que las EPS saben los cambios que se vendrían si esta reforma es aprobada y llevada a la práctica, pues el daño recaería sobre los usuarios del sistema. ¿Por qué? Dice él, las aseguradoras virarían a “generar el mismo tipo de servicio de aseguramiento que tienen en Perú y Brasil, pues saben que vendrá más demanda de trabajo”.
¿Esto qué quiere decir? Que si los reparos de tantos técnicos en salud sobre los efectos negativos de este proyectos se hacen realidad, terminará en que, ante la demora y dificultad de acceder a los servicios, las personas de altos ingresos terminarán pagando un seguro privado y las de menos ingresos quedarán sometidas a más esperas.
