Un discurso proferido el 25 de octubre de 1961 sellaría el destino de Álvaro Gómez Hurtado 34 años después. A tres años del primer gobierno del frente nacional y ante un Congreso controlado por el bipartidismo, Gómez profirió un discurso esencial en la historia del conflicto y catalizador del mito fundacional de las Farc; habló del surgimiento de ciertas “repúblicas independientes” en Sumapaz, Riochiquito y Vichada e instó al gobierno a tomar acciones contra los campesinos herederos del bandolerismo de la Violencia.
Álvaro Gómez era la voz más autorizada de la facción laureanista que había sellado con la élite del liberalismo el pacto frentenacionalista; su voz tenía el peso suficiente para motivar al Alberto Lleras y a Guillermo Valencia a iniciar (con el respaldo de los Estados Unidos) una agresiva ofensiva militar contra esas supuestas repúblicas controladas por campesinos. Para finales de 1962 fueron disueltas y con el bombardeo a Marquetalia se abrió un conflicto armado que tardaría 50 años en cerrarse y que a la postre le costaría la vida al mismo Gómez Hurtado la tarde del 2 de noviembre de 1995.
Con el reconocimiento de su participación en ese asesinato, las Farc aclaran uno de los magnicidios más dolorosos de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, se puede concluir tempranamente que en la muerte del dirigente conservador orbitó la tragedia inevitable de ser hijo de su padre; asumir la retórica anticomunista de los dirigentes del frente nacional; instar en medio de la esquizofrenia de la guerra fía una declaración de guerra a un grupo de campesinos que terminarían conformando la guerrilla más grande y poderosa del país; convertirse en la narrativa fariana en un enemigo de clase y pieza fundamental en la estrategia de la guerrilla para profundizar la desestabilización institucional de un presidente hundido por el proceso 8.000.
Nada más podría explicar el asesinato de un dirigente con ideas de avanzada, arquitecto del diseño constitucional que desvertebró el bipartidismo histórico y convertido, con la mesurada experiencia de la vida, en un verdadero hombre de paz. El “presidente” que nunca fue y cuyo lema en su último intento por acceder a la presidencia en 1990 fue: Que no maten a la gente.
El reconocimiento temprano de responsabilidad del antiguo secretariado de las Farc cierra 25 años de múltiples sombras y especulaciones, años signados por las constantes acusaciones de la familia Gómez a Samper y Serpa, señalados por Álvaro Gómez en sus editoriales como las cabezas de un “régimen de corrupción”.
También echa por el suelo la hipótesis de un crimen de estado perpetrado por militares ante la negativa del dirigente conservador de conspirar en una intentona de golpe de estado contra Samper, un presidente que en la historia permanecerá asociado con el narcotráfico y al cual las Farc no tendrían por qué encubrir (en su gobierno ni siquiera fue una posibilidad iniciar un proceso de paz).
Al romper su silencio, las Farc derrumban esas hipótesis y reconocen que el asesinato de Gómez encontró su principal motivación en la venganza histórica a un enemigo de “las nacientes Farc”. Fue asesinado por sus posiciones de juventud sin tener en consideración el valor republicano que lo caracterizó en los últimos años de su trasegar político. En el claroscuro de la historia, fue un tardío ajuste de cuentas de Manuel Marulanda a quien fuera el instigador del bombardeo a la “república independiente de Marquetalia” y en la panfletaria narrativa fariana, un auténtico enemigo de clase.
Esta es una de esas verdades que solo se podría haber conocido con una guerrilla desarmada, sin la arrogancia de una interpretación de la historia ajustada a su confrontación y dispuesta a participar de un modelo de justicia donde el resarcimiento de los derechos de las víctimas y la verdad son lo más importante. En otras condiciones hubiera sido imposible. Surgen muchas preguntas:
¿Por qué callaron tanto tiempo?, ¿cuál era el objetivo de profundizar la inestabilidad de Samper con la muerte de Álvaro Gómez?, ¿fue una decisión del secretariado o unilateral de Marulanda? Son preguntas que tendrán su oportuna respuesta en la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por el momento, es claro que es un hecho que también deben motivar el reconocimiento de otros episodios atroces del conflicto armado por parte de agentes del estado y la fuerza pública, no solo es una responsabilidad de los antiguos comandantes de la guerrilla. Las Farc dieron un paso, pero muchas preguntas necesitan respuesta, ¿Quiénes atizaron el genocidio político de la UP?, ¿Quién estuvo detrás del asesinato de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa?, ¿Quiénes fueron los “terceros” financiadores?, ¿Quién estuvo detrás de los falsos positivos?
A 25 años de su asesinato Álvaro Gómez quedará indisolublemente asociado a las Farc. A la guerrilla que por fuera de las tensiones frentenacionalista y la atmósfera anticomunista de la guerra fría, hizo llamados constantes a la paz, a participar de un proceso constituyente donde la paz fuera el centro, a volver realidad su llamado para alcanzar un país donde no maten a la gente. Un llamado que ahora es más importante que nunca en una Colombia que no ha logrado sacudirse la polarización y donde se están abriendo nuevos ciclos de violencia. Un legado que a la luz de la verdad no podemos olvidar.
