De inaudito e infame calificó el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez que hoy los pocos recursos que hay para paliar la crisis por la pandemia del COVID-19, algunos funcionarios los estén utilizando para convertirlos en botín de la corrupción, luego de anunciar la apertura de 10 procesos disciplinarios en contra de funcionarios de 8 departamentos, entre ellos el Atlántico.
Tanto la Procuraduría como la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación pusieron en marcha el programa ‘Transparencia por la emergencia”, para vigilar con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de los contratos por la emergencia del COVID-19: “Que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017, fueron firmados desde el 20 de marzo y superan los $800 mil millones, que sumados a los de la Contraloría corresponden a recursos del orden de $80 mil millones de pesos.
“Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”, dijo el representante del Ministerio Público.
En el Atlántico hay todo un escándalo, debido al contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, en este departamento según la Procuraduría también investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.
En redes sociales circula una denuncia en donde dicen que la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera contrató con Trading Group Internacional S.A.S la entrega de los mercados mientras que con Tri Fit S.A el transporte de los mismos.
Según la denuncia, en el Atlántico entregan mercados que no alcanzan a valer 20 mil pesos y los cobrarían a $47.000.
Otros de los departamentos investigados son San Andrés con un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S: para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus COVID-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”.
Carrillo Flórez afirmó que: “Están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”.
Y afirmó que los hallazgos penales que hagan la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía: “robarse los recursos de los pobres es un delito”.
Agregó también que de parte de la Procuraduría vendrán suspensiones de los contratos y de los funcionarios que estén involucrados: “vagabunderías que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres”.
