Las autoridades tradicionales del Movimiento Indígena Nación Wayuu (MINW), en representación de comunidades afectadas por la operación minera de Cerrejón, han decidido cerrar sus territorios ancestrales. Como medida de presión, han impedido el tránsito del tren que transporta carbón hasta las instalaciones de Puerto Bolívar, en la alta Guajira.
Esta decisión se tomó tras más de 15 días de manifestación pacífica, según informó el MINW en un comunicado. En el documento, la organización señaló que previamente habían radicado un acta de asamblea con su pliego de peticiones ante el Estado colombiano y la empresa Cerrejón, sin recibir respuesta.
El mes pasado, al anunciar la ‘Hora Cero’, los representantes de las comunidades indígenas advirtieron sobre el bloqueo. En una mesa de diálogo con la Gobernación de La Guajira, el MINW enfatizó que este cierre no estaba en negociación, dado los atropellos sufridos por algunas comunidades. Desde entonces, las autoridades tradicionales se declararon en asamblea permanente, y tras no recibir soluciones, procedieron a cerrar sus territorios ancestrales, afectados por la línea férrea de la minera.
Exigencias de las comunidades indígenas
Entre las demandas presentadas por las autoridades tradicionales al Estado y a Cerrejón, destaca el inicio inmediato de la consulta previa con comunidades como Moolu y Atapud, en la alta Guajira. Dichas comunidades fueron certificadas por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, pero el proceso aún no se ha iniciado.
Asimismo, exigen el reconocimiento absoluto de la comunidad Moolu por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas del municipio de Uribia y del Ministerio del Interior. Denuncian que la posesión de su autoridad tradicional fue revocada de manera arbitraria e injusta.
Otro punto central de sus reclamos es el reconocimiento y restablecimiento total de los derechos de la comunidad Luwopu, en el corregimiento de Cuestecitas. Aseguran que fueron desplazados de sus territorios ancestrales por la operación minera y que actualmente, en su nuevo asentamiento de más de 30 años, enfrentan graves impactos ambientales, culturales, sociales y espirituales, con riesgo de desaparición.
Además, las autoridades tradicionales exigen la devolución de los recursos de regalías para La Guajira a partir de 2025 y hasta que cese la operación minera. También solicitan información detallada sobre el uso de los recursos provenientes de estas regalías en el departamento.
El director del Movimiento Indígena Nación Wayuu, José Silva Duarte, denunció la falta de inversión en proyectos de relevancia para el territorio con recursos de regalías y de responsabilidad social de Cerrejón. «Esta empresa entrega billonarios recursos anuales al Estado, pero no se reflejan en La Guajira ni en los territorios indígenas, donde mueren alrededor de 10 niños semanalmente», afirmó.
En 2022, Cerrejón pagó más de 2 billones de pesos por impuesto sobre la renta, cerca de 1,5 billones de pesos en regalías y 213.000 millones de pesos en otros tributos. De estos valores, 52.300 millones fueron destinados a impuestos para La Guajira, con 30.000 millones para el departamento y 22.300 millones para municipios como Albania, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Manaure y Uribia.
Las comunidades Wayuu continúan exigiendo respuestas y acciones concretas del Estado y Cerrejón para garantizar el respeto de sus derechos y la mitigación de los impactos negativos que la explotación minera ha tenido sobre sus territorios y su cultura.
