En los últimos meses, el Sistema de Educación Superior en Colombia viene asistiendo y presenciando una larga lista de proyectos de ley presentados por congresistas de distintos partidos y movimientos políticos; esto, con el propósito de reformar la Ley 30 de 1992; ley que rige la educación superior en nuestro país. En la actualidad, se podría decir que estamos en presencia de una avalancha de proyectos de reforma a la educación superior. ¿En qué momento, tanto interés por este sector? Al cual, muchas veces, por no decir siempre, lo responsabilizan de los grandes males y tragedias del país. Pero, igualmente hemos contribuido en la configuración y construcción de nuestra nación. Será que esta dinámica normativa responde a una especie de moda coyuntural de sectores del Congreso. ¿Realmente, estas iniciativas responden a un cambio estructural del sector? O simplemente son acciones para obtener visibilidad con independencia de las respuestas; aquí convendría decir que, las iniciativas legislativas permiten la deliberación pública entre los actores y sectores involucrados con el sistema de educación superior. Importante generar un diálogo amplio, sincero e incluyente que posibilite el entendimiento y acuerdos alrededor de lo conveniente para el sector; pero, pensando en el bien del país.
En esta dirección, se hace necesario indicar, que muchos proyectos de reforma; aunque, tengan buenas intenciones reflejan un desconocimiento del sector de la educación superior; proyectos de ley como: eliminación del pago de inscripción para la admisión en las universidades públicas, exoneración del pago de derecho a grados de los estudiantes universitarios, matrícula cero extensiva a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de las universidades privadas, cambio en la composición de los consejos superiores de las universidades públicas, cambios en la designación del rector en las IES públicas, reforma a los Artículos 86 y 87 en lo concerniente al modelo de financiación de la universidad pública; sumado a esto, la creación de la superintendencia de educación; en total, 58 proyectos de reforma a la educación del país. Algunos de estos proyectos de ley tienen en común, el desconocimiento del sistema de educación superior y del principio de autonomía que gozan las universidades. Además, desconocen las particularidades de las IES; en el sentido, de que, la educación superior, como servicio público está soportado en un sistema mixto; es decir, público y privado. Para el caso de la universidad pública; algunos proyectos de ley desconocen no solo el principio de autonomía consagrado constitucionalmente; sino el desfinanciamiento estructural que viene padeciendo en los últimos 20 años; propiciando que el 45% de los recursos de funcionamiento sean propios; es decir, generados por medio de la venta de servicios.
Cabe indicar que, algunas iniciativas de reforma presentadas son necesarias, prioritarias y urgentes para la educación superior pública; en particular, la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30, que permita construir un nuevo modelo de financiación. Otras iniciativas legislativas de reforma desconocen el funcionamiento del sector de la educación superior; muestra de la tradición de legislar, sin conocer los problemas del país. La histórica desconexión entre el país político, frente al país nacional. Por consiguiente, nuestra realidad queda convertida en un círculo vicioso de repeticiones, anhelos y frustraciones. Por ello, es imperioso e impostergable hacer las reformas que el país necesita; en especial, para la educación.
