A la memoria de Jelly, la perra antiexplosivos que murió en Cúcuta esta semana, inspeccionando un artefacto.
Ha finalizado el paro armado promovido por el ELN, entre las 6 am del miércoles 23 y las 6 am del sábado 26 de febrero. Inició con la voladura de un puente entre Curumaní y Pailitas, y finalizó con presencia en las calles de estos dos municipios de tropas del ELN y el llamado de auxilio del alcalde de Pailitas al presidente Iván Duque, pidiéndole apoyo ante una situación de cercamiento del municipio.
Sin duda que la noticia de la semana ha sido el despliegue de acciones del ELN, en las regiones que ya sabemos que mantiene presencia y capacidad de alterar la dinámica de la sociedad: Catatumbo, Cúcuta y su área Metropolitana, Arauca, Sur del Cesar, Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, partes del Cauca y Nariño y varias zonas del Pacífico.
El paro armado tiene dos caras: las acciones que hace el ELN intentando bloquear la movilidad, incendiando vehículos de carga y de pasajeros, que no pasan de una docena; la colocación de banderas con explosivos, mostrando su presencia; los hostigamientos a guarniciones militares y de policía, que se dieron en Fortul, Arauca; en San Pablo, Nariño; en Curumaní y Pailitas, en el Sur del Cesar; y en Teorama, San Calixto y El Tarra en el Catatumbo y en el área rural de Cúcuta.
No hay reportes de militares o policías muertos durante el paro armado. De los seis civiles, trabajadores de Invías, que realizaban mantenimiento de la vía Socorro, San Gil y que accidentalmente detonaron un artefacto explosivo, hay dos personas gravemente heridas.
Este conjunto de acciones, que están cerca del centenar, según el seguimiento que hemos hecho, es lo visible del paro como hecho mediático, pero hay otra cara, de mayor envergadura e impacto, la alteración a la dinámica de la sociedad, donde se asume que ante la iniciativa de paro armado es mejor guardar precaución y todo se altera; los niños, niñas y jóvenes no van a la escuela, el comercio cierra, el transporte se suspende y las personas prefieren mantenerse en sus casas por precaución a posibles hechos de violencia, y porque saben que luego pueden venir sanciones a quienes incumplen la orden de paro, esto se siente en las regiones donde el ELN hace presencia de manera permanente, y donde tiene ojos y oídos que están atentos al comportamiento de las comunidades.
La reacción del gobierno del presidente Iván Duque tuvo dos grandes interlocutores: el ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmando que no había tal paro, y que era la acción de narcoterrorismo. Esto mientras el ministro de Defensa, Diego Molano, era enfático en que 240.000 efectivos del Ejército Nacional y la Policía iban a garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, ambos equivocados, porque sí hubo paro armado en la modalidad de alteración de la vida ciudadana y de las comunidades en los 180 municipios donde permanece el ELN, y acciones violentas en cerca de 30 de estos.
Siendo un tema de un impacto importante en la vida del país, el debate presidencial en curso hizo referencia a estos hechos con un compartido rechazo a la acción del ELN, criticándola por su afectación a la sociedad, a los derechos de la ciudadanía, al dolor que causa. Hasta allí un mensaje claro de rechazo, pero le falta al debate presidencial, y a quienes participan de él, ahondar en las posibles soluciones a un problema que es más que evidente que afecta a muchos territorios y comunidades, y que es ampliamente insuficiente decir que es nefasto, anacrónico y perjudicial para la sociedad colombiana, sin arriesgar en un camino de soluciones, que está más que comprobado que es por la senda de la solución política negociada, pues no hay otro camino. Si esto no se trata de soluciones, seremos espectadores de otro paro armado en cuatro años. Por eso la insistencia en que el próximo gobierno asuma el reto de liderar con el ELN, y una amplia participación de la sociedad, el camino de construir un acuerdo de paz.
Durante estos días han sido múltiples las voces que han señalado que el ELN es el mejor amigo del uribismo, que siempre está empeñado en meterle miedo y zozobra a la sociedad, para venderle su oferta de seguridad. No les falta razón a quienes así piensan. Sin duda que ELN y uribismo son afines en sus apuestas de fuerza, pero sin perder de vista que el uribismo es defensor de un orden social y político de exclusiones, y el ELN es retador de ese orden. Hay cansancio en la sociedad por una violencia persistente, pero no hay que perder la visión de que el ELN es la última de las guerrillas de un viejo conflicto armado que poco a poco hemos venido superando.
Igualmente, resaltan las críticas al gobierno del presidente Iván Duque, que recibió un ELN con 1.800 combatientes en agosto del 2018, según el conteo del Ejército Nacional, y va a entregar un ELN con 2.200 combatientes, según el último conteo del Ejército presentado el octubre del año pasado.
Ha finalizado el paro armado del ELN, pero seguirán con su acción violenta organizada, por lo que es insuficiente criticarles y condenarles, pues se requiere que el próximo gobierno vuelva a la senda de los diálogos, las negociaciones y la construcción de un acuerdo de paz.
