Por: Luis Emil Sanabria Durán-
La coyuntura actual enfrenta al país a dos fenómenos que pueden analizarse de manera complementaria. De un lado, el bloqueo de vías promovido fundamentalmente por empresarios del sector transporte en respuesta al urgente y necesario desmonte del subsidio al ACPM y, de otro lado, la reciente revelación de la compra ilegal a Israel y el posible uso delictivo del software de espionaje llamado Pegasus. Ambos sucesos no solo generan incertidumbre y desconfianza, sino que además ponen en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Los empresarios del sector transporte, para enfrentar el incremento del precio del ACPM y el desmonte de subsidios que durante años les ha favorecido, en detrimento de programas sociales que beneficiarían a los más necesitados y vulnerables, decidieron recurrir al bloqueo de carreteras como medida de presión, buscando obtener soluciones inmediatas del gobierno. Sin embargo, lo que se presentó como una demanda válida para aliviar los efectos de las medidas económicas, se convirtió en una acción desproporcionada y perjudicial para millones de colombianos, revelando una posible agenda oculta con un claro interés político.
Los bloqueos impuestos por los empresarios del transporte afectaron no solo el abastecimiento de alimentos y medicinas, sino también el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud, derechos fundamentales que deben ser protegidos en todo momento y lugar. No se puede justificar que la legítima preocupación por los costos del combustible y el desmonte de subsidios termine convirtiendo a la población en víctima de los bloqueos permanentes, que no deben confundirse con el legítimo derecho a la movilización social.
Es evidente que la crisis generada y su manejo por parte del gobierno nacional dejó claro que el diálogo abierto y responsable es la mejor ruta para abordar estas preocupaciones, sin recurrir a bloqueos permanentes que agraven la situación social del país, ni a respuestas violentas y desproporcionadas por parte del gobierno.
Si bien el alza en el precio del ACPM es una realidad global impulsada por múltiples factores e instituciones, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la oferta y demanda global, los mercados de futuros y la especulación, las condiciones geopolíticas, los costos de refinación y transporte, y las políticas de los países consumidores, el acuerdo pactado mostró la necesidad de seguir explorando soluciones a largo plazo que permitan una transición justa para las y los conductores, propietarios de camiones y empresarios del transporte, sin que ello implique recurrir a medidas extremas que pongan en riesgo la economía y el bienestar de millones de colombianos.
A la par de los bloqueos camioneros, otro escándalo sacude la confianza ciudadana en las instituciones: la compra ilegal y el posible uso indebido del software de espionaje Pegasus. Este sistema, diseñado para interceptar teléfonos móviles sin dejar rastro, hackear dispositivos y obtener información privada, originalmente ideado para combatir el crimen organizado y las amenazas a la seguridad nacional, ha sido utilizado en otros países para monitorear a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos sin las debidas garantías legales.
La vigilancia sin control judicial y el uso de información privada para desprestigiar a ciudadanos y colectivos es una violación directa a los derechos humanos. De confirmarse que funcionarios del Estado, en alianza con medios de comunicación o periodistas, usaron indebidamente esta herramienta tecnológica para espiar a sectores sociales, democráticos y de izquierda, a la campaña política del presidente Gustavo Petro o para judicializar y perseguir indebidamente a ciudadanos, estaríamos ante delitos graves contra instituciones esenciales encargadas de garantizar la vida y la democracia.
El bloqueo de vías y la compra de Pegasus, tienen varios puntos en común que parecen enmarcados en un plan estratégico de desprestigio y debilitamiento del actual gobierno nacional. Se complementan en la afectación profunda de los derechos fundamentales, el interés de algunos sectores por mantener privilegios a costa del Estado Social de Derecho, y la estrategia preconcebida de aumentar la polarización y construir un relato que instale la idea de estar atravesando una crisis de ingobernabilidad sin precedentes.
Colombia no puede permitirse seguir en una espiral de bloqueos, “chuzadas”, violencia, corrupción y polarización. Es momento de construir puentes, no muros, para avanzar hacia un futuro en el que los conflictos y las diferencias sean atendidos sin recurrir a prácticas que perjudiquen o violen los derechos fundamentales. Para ello, en consonancia con el llamado de la sociedad civil que organiza la Semana por la Paz que inició este domingo, se necesita la voluntad de todos los sectores políticos, sociales y económicos interesados en unir voces y construir país.
