Desde horas de la madrugada diversas organizaciones sociales realizan un paro indefinido en el departamento de La Guajira. La Coordinadora Departamental Campesina, étnica y popular de La Guajira, junto con otras agrupaciones como la Asociación de Campesinos Wayuu Santo Domingo, el Movimiento Social Sumain Wayuu y los Consejos Comunitarios Afrodescendientes de Cañaverales y Caracolí, han decidido manifestarse mediante bloqueos en diferentes puntos del territorio.
El comunicado emitido por estas organizaciones expone una serie de razones que justifican la movilización. Entre ellas, destacan la falta de cumplimiento del Estado con la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo de Paz, la amenaza de nuevos proyectos mineros de cobre y carbón en el sur del departamento, el alarmante incremento de la inseguridad que afecta a líderes sociales, y la crítica escasez de agua potable a pesar de la existencia de la represa El Cercado, que almacena 198 millones de metros cúbicos de agua dulce.
Otros motivos que han impulsado la protesta incluyen las denuncias de corrupción en los programas de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la falta de inversión en educación y salud, la crisis del transporte informal y la ausencia de programas que atiendan de manera diferencial las necesidades de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Los organizadores de la protesta han enfatizado que la movilización no está dirigida contra el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, sino que busca exigir el respeto y garantía de derechos fundamentales, tales como el acceso a la tierra, el derecho a una vida digna, la paz con justicia social, la protección del medio ambiente y la garantía de servicios esenciales como salud y educación.
Asimismo, han hecho un llamado a los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos para que acompañen y velen por el desarrollo pacífico de esta protesta, la cual se enmarca dentro de los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia.
Con esta acción, las comunidades movilizadas esperan ser escuchadas y obtener respuestas concretas a sus demandas por parte del gobierno nacional y departamental.
