La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena (2012-2015), por presuntas irregularidades en la orden de pago de más de 13 mil millones de pesos por prestación de servicios de salud en favor de 5 IPS, con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones.
La medida disciplinaria también cobija al líder de programa de planta de personal de la gobernación, Samir Gregorio Serpa Álvarez y a los exsecretarios de salud José Jorge Madera Lastre, Efraín de Jesús Suárez Arrieta y Nayibe Del Carmen Padilla Villa.
El Ministerio Público le reprochó al exgobernador que probablemente suscribiera durante los años 2012 a 2015, de forma irregular, 29 resoluciones que ordenaron y reconocieron el pago de servicios de salud por $13.566’301.395 pesos, cuando al parecer no contaban con facturas, autorizaciones del Comité Técnico Científico, validación del estado de los pacientes, órdenes médicas, soportes de exámenes y terapias practicadas, para justificar el giro de los recursos.
Así mismo, le cuestionó la posible trasgresión del principio de economía al utilizar recursos públicos para pagar a las IPS, por atención médica especializada para enfermedades mentales y terapias neurosensoriales, que presuntamente no fueron prestadas en debida forma a la ciudadanía.
El ente de control señaló que “es posible adecuar el comportamiento censurado a Julio Cesar Guerra Tulena, en su calidad de gobernador del departamento de Sucre, en el inciso 2° del numeral 3° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por cuanto, al parecer incrementó el patrimonio de las IPS Clínica Nuevos Amaneceres de Sucre; IPS Fundación Libertad y Fe; Centro de Neurorehabilitación Integral San Rafael; Fundación Nuevo Ser, de manera injustificada y directa”.
La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.
Con relación a los exsecretarios de salud, el ente control señaló que José Jorge Madera Lastre, Efraín de Jesús Suárez Arrieta y Nayibe Del Carmen Padilla Villa, al parecer omitieron el ejercicio de sus funciones pues debieron velar por la correcta disposición de los recursos, supervisando y vigilando la ejecución de los mismos, tal y como lo señalaba el manual de funciones y competencias laborales, gestión que al parecer no fue adelantada por los investigados.
Finalmente, la PGN le imputó al líder de programa de planta de personal de la gobernación, Samir Gregorio Serpa Álvarez, el que posiblemente incurriera en omisión del cumplimiento de sus funciones al no validar y verificar los soportes que respaldaban los cobros que por concepto de prestación de servicios de salud presentó las IPS.
Las presuntas faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas título de culpa gravísima.
