De acuerdo a censo de población y vivienda realizado por el DNP, el DANE y la ONU, en Colombia 18,2 millones de sus ciudadanos padecen de déficit habitacional, es decir, viven con marcadas carencias en la digna calidad habitacional, esta cifra representa el 36,59% de los colombianos, un poco más de la tercera parte del total de la población del país.
El DANE también revela en el censo que el 11,7% (1,642,754) de los hogares colombianos viven en hacinamiento, de este porcentaje, el 67,6% son familias de seis integrantes o más, cuya vivienda no supera a veces los 15 m2, lo que pudo ser un catalizador para que el Covid 19 le ha quitado la vida a tantos compatriotas, que debido a esta situación, sumadas a muchas otras, no podían mantener una distancia seguro entre los miembros del núcleo familiar, sobre todo cuando uno de ellos pudieron haber presentado síntomas.
Teniendo esto en cuenta, es inaudito que se esté presentando una problemática que ha venido ocurriendo en varios departamentos del país, se trata de la no entrega de viviendas de interés social a sus beneficiarios, estando estás, en algunos municipios, estructuralmente listas para ser habitadas y entregadas a la comunidad, proyectos de construcción que el Ministerio de Vivienda aprobó y financió desde hace más de 3 años.
El eje de la problemática es que la mayoría de los beneficiarios son familias de bajos recursos, cuyos ingresos diarios están por debajo de los tres mil pesos, y no cuentan con capacidad económica para pagar un arriendo y al mismo tiempo suplir otras necesidades básicas como la alimentación, servicios públicos, educación, etc. Como es el caso de un grupo de ciudadanos en el municipio de San Juan de Betulia, donde se construyó la urbanización Santa Teresa, compuesta por 90 casas que según la constructora y los beneficiarios no han sido entregadas (a pesar de estar listas) por falta de voluntad de la administración municipal, encabezada por el Alcalde Juan Manuel Hoyos.
La empresa constructora y los beneficiados manifiestan que en tres oportunidades se ha concertado una reunión con la administración municipal para la entrega de las viviendas, pero el alcalde o un representante no se presentan, incluso cuando ya se ha solicitado una intervención por parte de la procuraduría.
El Concejal de esa localidad Aurelio Gil Gil, manifiesta que ha propuesto a sus colegas, en varias oportunidades durante sus sesiones abordar el tema y ayudar a darle solución, pero manifiesta que su propuesta ha sido ignorada por los Concejales que en su mayoría están del lado de la administración.
Esta situación merece y necesita la urgente intervención de las autoridades competentes, ya que a los beneficiarios de esta ayuda gubernamental se les está vulnerando el derecho a una vivienda digna.
Los beneficiarios de este proyecto tienen “Una casa en el aire» como reza la canción del Maestro Rafael Escalona, la vivienda existe, pero por el momento, gracias a un dirigente, es inalcanzable para aquellos que la necesitan.
