La ‘mano dura’ que ha querido presentar el gobierno de Iván Duque ha sido contra las drogas. Para ello, a través de la cartera del ministerio de Defensa, ha desplegado operativos de erradicación forzada en las subregiones del Sur del Meta, Pacífico Nariñense, Bajo Putumayo, Nudo del Paramillo, Catatumbo, Cauca; en las que las organizaciones sociales han registrado violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares, asesinatos de campesinos. Sin embargo, muy poco se ha referido al caso de la narcofinca perteneciente a la familia del exembajador de Uruguay, Fernando Sanclemente, ubicada en Guasca muy cerca de la capital de la República.
Muy mal habla este caso sobre la ‘mano dura’ de Duque contra las drogas, ya que el mismo gobierno del regreso de las banderas del uribismo contra las drogas se planteó exterminar 130.000 hectáreas de coca, lo cual significa 62% más que 2019, teniendo una narcofinca vinculada con un embajador a escasos metros Bogotá.
Casi dos meses después de que se conociera sobre la producción de cocaína en la finca Harás de San Francisco, en Guasca, Sanclemente envío su carta de denuncia al presidente Duque. En la misiva, el exembajador señaló «Ante las recientes declaraciones dadas por el señor fiscal (…) en las que anuncia su determinación de citarme y vincularme formalmente al proceso que se adelanta, se hace necesario marginarme de su administración y empeñarme a fondo en la defensa cerrada de nuestro buen nombre”.
Esto, en razón a que el fiscal Francisco Barbosa — a quien, entre otras cosas, hoy por hoy, el Consejo de Estado le admitió una denuncia que pide anular su elección— para abril de este año declaró que el exembajador iba a ser citado y vinculado a la investigación de la narcofinca. Sin embargo, y muy a pesar de la bandera de “no privilegios, ni privilegiados”, ni de su indignación porque a las afueras de Bogotá se produjeran 1,8 toneladas de cocaína; lo cierto es que el embajador continúa libre y parece más bien desentendido de las investigaciones.
Recientemente se conocieron los primero condenados sobre el caso y, tanto la opinión pública como la sociedad en general; esperan que las investigaciones continúen y establezcan las responsabilidades del caso que pueda tener Sanclemente.
Antesala a las últimas decisiones de la narcofinca
Cabe recordar que en el operativo del pasado 12 de febrero, se decomisaron 6.896 kilos de sustancias químicas para la elaboración del clorhidrato de cocaína, además de 9.453 gramos de cocaína y pasta de base. Asimismo, desde ese momento, Pares ha venido alertando que alrededor de lo ocurrido ha reinado un silencio generalizado por el gobierno nacional.
Además, Pares en su momento resaltó las observaciones esbozadas por la Cancillería “(…) Antes de asumir como Embajador, el Representante Legal de la Sociedad ’Las Colinas de Guasca Ltda’ era el actual embajador Fernando Sanclemente Alzate. Hoy por hoy, esa representación legal está en cabeza de su hermano, Gilberto Sanclemente Alzate”, además que: “Desde el 15 de junio de 2017 hasta junio de 2020, la Sociedad ‘Colinas de Guasca Ltda’ ha entregado en arriendo un globo de terreno de 36 fanegadas de la Finca en cuestión”.
De igual forma, Pares señaló que en la finca de Sanclemente era procesada cocaína que luego era enviada a Estados Unidos y algunos países de Europa. A este predio se llegó por alertas que se habían presentado por una fuente humana que llevó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y a la Policía de Colombia a realizar la investigación y posterior operación, tras también venir investigando la presencia de un grupo narcotraficante ubicado en Cundinamarca y Boyacá que desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hacían los envíos de la droga a sus destinos.
Capturas y extinción de dominio
Recientemente, sobre el caso de la narcofinca de Sanclemente, se ha conocido —por medio del Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca— un preacuerdo avalado por dicho juzgado por medio del cual se dictó condena a ocho (8) años y seis (6) meses de precisión a Pablo Emilio Castillo, Dumer Gustavo Bohórquez, Jhefer Iván Castillo Gómez, John Jairo Morales Zambrano y Cristian Aníbal Gómez. Asimismo, cada uno deberá pagar cerca de 1.657 millones de pesos.
Además, de acuerdo con el boletín 34543 de la Fiscalía General de la Nación, el ente investigador señaló que “logró la captura de Miguel Antonio Gómez Piñeros, quien sería uno de los financiadores de la producción y comercialización de la cocaína que salía del laboratorio encontrado. Esta persona se presentó en la estación de policía de Guayatá (Boyacá), el 22 de julio pasado, donde se hizo efectiva la orden judicial que pesaba en su contra.”
Asimismo, “en las diligencias en las que fueron detenidas estas personas, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, además de la infraestructura y maquinaria dispuesta para procesar droga, incautaron en su momento cerca de siete toneladas de insumos, entre hidrocarburos, acetonas, metabisulfito, ácidos clorhídrico y sulfúrico, y cloruro de calcio; además de 251 gramos de clorhidrato de cocaína y 9.202 gramos de base de cocaína”.
Cabe recordar que, el pasado 01 de julio de 2020, la Fiscalía dio a conocer que había materializado las medidas cautelares con fines de extinción de dominio a la finca del exembajador Sanclemente. Este operativo a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio arrojó, entre otras cosas, la afectación a de los inmuebles que tenían un valor comercial $150.000’000.000 millones de pesos, que se encuentran en control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
De esta forma, procedieron la ocupación de “cuatro (4) predios rurales y dos (2) vehículos pertenecientes a la persona jurídica denominada Las Colinas de Guasca Ltda., una sociedad de la cual hace parte el exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente e integrantes de su núcleo familiar y fue su representante legal hasta el 6 febrero de 2019.”
De acuerdo con El Espectador, esta finca de Haras de San Francisco ha sido propiedad de Las Colinas de Guasca Ltda por más de 20 años. Es decir, propiedad de la sociedad de las familias Spiwak y Sanclemente Alzate. Además, este medio insiste que, a pesar de la defensa a la que recurrió Sanclemente de manera inicial —arrendamiento para cultivos de papa— dicho contrato de alquiler “no había sido divulgado en la sociedad hasta que ocurrió el allanamiento”.
