“Reafirmamos nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia, así como el compromiso de avanzar en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otros actores armados”, cita el punto 71 de la Declaración de Kingstown.
En consonancia con este respaldo para Colombia, el documento destaca en su introducción “la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”, que fue declarada en la Segunda Cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana en enero de 2014.
En esta proclama, los países de la CELAC se comprometieron a “tratar nuestras diferencias, controversias y disputas pacíficamente a través del diálogo, negociación y otras formas de arreglo de conformidad con la soberanía de los estados y el derecho internacional”, según cita el punto 66 de la Declaración.
También suscribieron la necesidad de que la región de América Latina y el Caribe fuera preservada del flagelo de la guerra, las medidas de militarización y la carrera armamentista.
“La región debe ser preservada de tensiones políticas y rivalidades extrarregionales que le son ajenas, y expresar nuestro objetivo común de resolver las amenazas a la paz y la seguridad dentro de la región”, dice el punto 67, en el capítulo de Paz y Seguridad de la Declaración.
Llamado a un alto al fuego en Gaza
Estos puntos del principal documento de la VIII Cumbre de la CELAC ratifican a su vez la posición conjunta de los gobiernos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela sobre la crisis en Gaza.
En un comunicado emitido por el Gobierno General de San Vicente y las granadinas, los países “deploran el asesinato de civiles palestinos e israelíes, incluyendo los aproximadamente 30.000 palestinos muertos desde el comienzo de la incursión de Israel en Gaza”.
Hacen un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza y a todas las partes en conflicto a cumplir con el derecho internacional, especialmente en la protección a los civiles.
Aseguraron tomar nota de los casos que se llevan ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya “para determinar si la continua ocupación del Estado de Palestina por parte del Estado de Israel constituye una violación del derecho internacional y si el ataque de Israel a Gaza constituiría genocidio”.
Los países que suscriben este acuerdo también pidieron la inmediata liberación de todos los rehenes, así como la garantía de entrada de la ayuda humanitaria a Gaza y el apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Oriente Próximo (UNRWA).
Reiteran también la importancia crucial de reconocer los dos Estados como solución política, de acuerdo con las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de Naciones Unidas.
Proponen, durante la Presidencia Pro Tempore de Honduras, la creación de un mecanismo apropiado de monitoreo del impacto de esta incursión, para hacer seguimiento de la recuperación, seguridad y desarrollo de Palestina “y la búsqueda de una paz justa y duradera entre los pueblos israelí y palestino”.
