Proveniente de las distintas regiones del país, más de 5.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos, amenazados por agentes del Estado y grupos armados ilegales, están reunidos en la capital del país para solicitarle al Gobierno Nacional garantías en el desarrollo de su gestión con las comunidades y denunciar ante las organizaciones internacionales, las persecuciones de las que son víctimas los activistas sociales en Colombia, de igual forma la comisión del Refugio Humanitario por la Vida, le solicitara a las embajadas europea se estudie la solicitud de un asilo masivo para los activistas sociales de Colombia.
En audiencia pública en el Congreso, una comisión de los líderes sociales dialogará con el Gobierno para buscar salidas a la grave crisis humanitaria, garantías reales de participación político-social, y garantía de protección para los líderes y activistas sociales. De igual manera la comisión se reunirá con la Organización de las Naciones Unidas, su Misión de Verificación, las embajadas, las agencias de cooperación, las entidades internacionales que acompañan la paz y los derechos humanos en Colombia, solicitaran la protección y el cuidado de los líderes y lideresas del país.
La comisión de los líderes sociales que se encuentran en el Refugio Humanitario en Bogotá entregará hojas de vida a diferentes embajadas para qué estas estudien las solicitudes de asilo masivo, porque según el gobierno colombiano no está en capacidad de brindar las garantías necesarias para el libre desarrollo de sus actividades sociales.
Según los registros que obtuve de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, a nivel Nacional desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-ep, 508 líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinados y desde la posesión de Iván Duque 153 líderes sociales han corrido la misma suerte, y hasta el momento el Gobierno Nacional no toma medidas para garantizar la vida de los líderes sociales.
Hoy debería preocuparnos como sociedad golpeada por la violencia las muertes selectivas de líderes y lideresas sociales, el desplazamiento de campesinos y nuevamente la aparición de los falsos positivos e interceptación ilegal, hechos muy graves que genera una total impunidad, en el recrudecimiento del conflicto armado.
Otra de situación que preocupa a los campamentarios es la descalificación y estigmatización de las que son objetos los activistas sociales, por parte de agentes y funcionarios del Estado colombiano.
