Este año la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez ha estado e un ir y venir, así como la de quienes han estado como testigos y abogados de éstos en el caso que se le adelanta al expresidente por presunta manipulación de testigos. Pues bien, finalizando el año Uribe está libre, y aunque solo hasta el 2021 se sabrá si al exsenador se le acusara o no la investigación –decisión a cargo de la Fiscalía -, hay algo que continúa igual, y son los hostigamientos a quienes han entregado material probatorio o han brindado sus testimonios en este caso.
Esto último se denunció que comenzó a agudizarse luego que Álvaro Uribe diera una entrevista periodística el 17 de agosto, tras conocerse días atrás – 04 de agosto – que la Corte Suprema de Justicia había determinado que el expresidente debía permanecer en detención domiciliaria. En dicha entrevista algunas de las afirmaciones del exsenador fueron que: “Estoy secuestrado por la complicidad de unos magistrados y el joven senador Cepeda, afín a las Farc. Yo siento que padezco un secuestro (…) Me meten a la cárcel sin pruebas directas, cuando para los cargos que me imputan hay testigos y no los oyeron”.
Poco después de las declaraciones del expresidente, el Senador Iván Cepeda anunció que denunciaría a Uribe por injuria y calumnia ante las instancias nacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, adicionó que: “La extensa entrevista del senador Uribe ayer en la Revista Semana es un compendio de mentiras. También es un rabioso ataque en mi contra y una afrenta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.
Plataforma de Monitoreo Internacional pide protección en el caso Uribe
Plataforma de Monitoreo Internacional es una iniciativa conformada por la Oficina en Washington para América Latina, Abogados sin Frontera (Canadá), Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, y el National Lawyers Guild, que busca hacer seguimiento al proceso que actualmente lleva la Fiscalía contra Álvaro Uribe Vélez.
Según la carta de presentación presentada hace algunos meses por la Plataforma, esta surge “con el fin de contribuir a la garantía del principio de independencia e imparcialidad judicial, y con ello al fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia. Por esta razón, viene adelantando un seguimiento de cerca a la causa, con el fin de velar por la garantía de un ejercicio judicial y procesal libre de cualquier apremio o presión”.
Pues bien, con la agudización de las amenazas a los testigos y abogados, así como por la presión que desde el Gobierno Nacional y diversos sectores políticos se ha ejercido para beneficiar a ex presidente, desde la Plataforma se ha instado a que la Corte Penal Internacional reciba los testimonios, de forma escrita o verbal, para garantizar que estos puedan ser tenidos en cuenta y además, estén protegidos ante cualquier hecho victimizante contra los testigos.
Esto se hizo a través de una carta enviada a Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el documento se planteaba que “se solicita convocar a las autoridades nacionales a realizar el mayor esfuerzo tendiente e garantizar la seguridad, intimidad, integridad personal, y vidas de todos los intervinientes en el proceso penal que nos ocupa. (…) Requerir al Estado colombiano, que en el marco de sus obligaciones derivadas del Estatuto (de Roma) adopte medidas tendientes a salvaguardar las pruebas y testimonios de investigaciones con posible incidencia en el examen de admisibilidad”.
Con la agudización de las amenazas a los testigos y abogados, así como por la presión que desde el Gobierno Nacional y diversos sectores políticos se ha ejercido para beneficiar a expresidente, desde la Plataforma se ha instado a que la Corte Penal Internacional reciba los testimonios, de forma escrita o verbal, para garantizar que estos puedan ser tenidos en cuenta y además, estén protegidos ante cualquier hecho victimizante contra los testigos. Imagen: Pares.
En ese sentido, se insistió en que el presidente Iván Duque se abstenga de realizar intromisiones en las funciones y decisiones de la rama Judicial, esto, por velar por la separación de poderes, pero también por garantizar que no hayan presiones que intervengan en el proceso contra Uribe, que de por sí ha estado marcado por la constante deslegitimación a los magistrados que han llevado el caso y a la Corte Suprema de Justicia, organismo que llevaba el proceso antes de que quedara en manos de la Fiscalía.
Las inconsistencias en el caso Uribe
La acusación lleva 12 años rondando en búsqueda de justicia. El testimonio que abrió la presunta responsabilidad de Uribe fue el hecho por Francisco Villalba, exjefe paramilitar, quien en 2008 contó ante el Tribunal de Justicia y Paz que, en el marco de la masacre de El Aro, en la que había participado, habría escuchado una conversación entre Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe Vélez, quien para ese momento era gobernador de Antioquia, donde habrían quedado en “borrar al pueblo”.
Villalba fue asesinado en abril de 2009; luego que le dieran casa por cárcel, un año después de sus declaraciones, y once años después de entregarse a la justicia como miembro de las AUC, por lo que le imputaron 37 años de prisión. Su muerte provocó varios inciertos, por un lado, porque dejó las afirmaciones abiertas; segundo, porque poco después de sus declaraciones Villalba envió una carta a la Casa de Nariño rectificándose de las acusaciones hechas. Hay que mencionar que para ese momento Uribe estaba en su segundo periodo presidencial.
Fue en 2011 el año en el que otras declaraciones vendrían a crear más cuestionamientos sobre Uribe en sus cargos de poder. Se trataba de las que presentó Iván Cepeda, para ese entonces representante a la Cámara, en las que por testimonios de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve se involucraba al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe como cofundadores del Bloque Metro de las Autodefensas.
Tras esas declaraciones la Fiscalía sindicó por concierto para delinquir a Luis Guillermo Villegas, Santiago Gallón y Santiago Uribe Vélez. Luego de esto, también por medio de Iván Cepeda se medió la entrega de Carlos Areiza, quien después en dos diligencias en la Corte Suprema relacionaría a políticos antioqueños con nexos con el paramilitarismo.
En este caso, como el anterior, las versiones tuvieron un vuelco, pues en 2015 Areiza cambió lo dicho contando que había recibido presiones de Iván Cepeda y más $100 millones para que declarara en contra de los acusados. Luego desmintió los señalamientos contra Cepeda. La Corte investigaba la autenticidad de lo dicho. No obstante, también como el caso anterior, Areiza fue asesinado en abril de 2018 en Bello, Antioquia.
Por otro lado, en 2012, Juan Guillermo Monsalve, quien había testificado en 2011 fue atacado con arma blanca, tras esto tuvo que ser trasladado a La Picota, sin embargo, poco después en su celda fue encontrada por Medicina Legal una sustancia altamente venenosa.
Vale la pena mencionar que Juan Guillermo Monsalve tuvo relacionamiento con la familia del expresidente desde sus ocho años, pues su padre, Óscar Monsalve – quien luego fue llamado a declarar en el proceso contra Iván Cepeda-, trabajó desde 1986 en la finca Guacharacas, propiedad de los Uribe. Allí estuvieron hasta 1994. A finales de los 90 Juan Guillermo se une formalmente al Bloque Metro de las AUC.
En diciembre de 2014 el proceso contra el expresidente pasó al despacho del exmagistrado Gustavo Malo -quien luego sería vinculado al Cartel de la Toga-. En 2015 ordenaron interceptar a Óscar Monsalve buscando pruebas de las presiones para declarar en contra de Cepeda. No obstante, y dando una nueva pista de las amenazas a las que se enfrenta este caso, en marzo de ese año se pierden las grabaciones del sistema de intercepciones, lo cual era un importante material probatorio contra Uribe, esto provoca que la Corte Suprema solicité vincular a una agencia de inteligencia británica.
Terminando 2017 la Corte Suprema cierra proceso a favor de Cepeda y abre investigación preliminar contra Uribe por las masacres de San Roque, El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Sobre estos hechos el organismo de justicia los declaró en 2018 como crímenes de lesa humanidad.
Un proceso que no termina
El 08 de octubre de 2019, más de diez años después de que comenzaron a conocerse los hechos que darían paso a la situación jurídica, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema vinculó formalmente a Uribe bajo investigación por fraude procesal y soborno. Con esto uno de los pasos que se dieron fue que a finales de julio de este año, la Fiscalía le imputó los mismos cargos por los que es investigado el exsenador Uribe Vélez a su abogado Diego Cadena, quien fue detenido y luego le fue impuesta la medida de casa por cárcel.
Ante esto la defensa de cadena apeló, lo que generó que la decisión llegara a revisión ante el juez tercero, quien iniciando diciembre dejó en firme la determinación argumentando que lo establecido en primera instancia era adecuado, pues, además, Cadena podía ser un peligro para la sociedad y podría obstruir a la justicia.
Hay que decir, que respecto a la investigación que se le ha adelantado a Cadena se encontró que el 18 de julio de 2017, Cadena fue a la cárcel de Palmira, sin previa cita, para hablar con el condenado exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Allí le habría prometido el pago de 200 millones de pesos (de los cuales alcanzó a entregar 48 millones) con la condición que declarara en la CSJ contra Iván Cepeda. Situación similar ocurrió con Juan Guillermo Monsalve, a quien se halló también le ofrecieron beneficios económicos y jurídicos.
Pues bien, con la agudización de las amenazas a los testigos y abogados, así como por la presión que desde el Gobierno Nacional y diversos sectores políticos se ha ejercido para beneficiar a ex presidente, desde la Plataforma se ha instado a que la Corte Penal Internacional reciba los testimonios, de forma escrita o verbal, para garantizar que estos puedan ser tenidos en cuenta y además, estén protegidos ante cualquier hecho victimizante contra los testigos. Imagen: Cortesía.
Luego, el 3 de agosto, tras años de investigación, la CSJ ordenó la detención domiciliaria contra Uribe, dentro del proceso por soborno y fraude procesal. Poco después el expresidente renunció a la curul que tenía hasta ese momento en el Senado, lo produjo que la CSJ perdiera la competencia para seguir investigándolo y el caso quedara en manos de la Fiscalía, organismo bajo la dirección de Francisco Barbosa, quien designó en el caso al fiscal Gabriel Jaimes.
No obstante, el 10 de octubre una juez ordenó la libertad de Uribe, un mes después la decisión fue ratificada, aclarándose que la indagatoria que había hecho la Corte contra Uribe sí podía equipararse a una imputación en el nuevo sistema –en la Fiscalía-. Desde ese momento comenzaron a correr los 120 días para que la Fiscalía defina si lo acusa o cierra la investigación. Es decir, dicha decisión se conocerá hasta el próximo año.
