Por María Esperanza Arias Herrera- Fundación Paz y Reconciliación
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) realizó en los últimos ocho meses un seguimiento a las precandidaturas para las elecciones regionales de octubre y las sorpresas que encontró las publicó en un informe que se dio a conocer esta semana. Según esta investigación, son 88 candidatos cuestionados que aspirarán a una gobernación o una alcaldía.
Muchos de ellos son políticos conocidos a nivel nacional, pero otros que no son tan conocidos en el resto del país ya tienen capturado el poder en sus regiones.
La línea Democracia y Gobernabilidad de Pares confirmó que para estas elecciones 2023 los partidos políticos tradicionales, los clanes, las investigaciones y los cuestionamientos seguirán acompañando las aspiraciones.
para detectar los precandidatos cuestionados, analizaron 60 municipios en los 32 departamentos del país y se documentó un total de 294 precandidaturas de 14 partidos políticos y 21 grupos significativos de ciudadanos (GSC) que están en la búsqueda de obtener un aval para gobernaciones y alcaldías.
Gracias a este ejercicio hecho en los primeros ocho meses del calendario electoral, de los 294 precandidatos registrados por Pares hay 88 precandidatos y precandidatas cuestionados.
De esta lista, 53 buscarían el aval en 14 partidos políticos; 21 lo harían por grupos ciudadanos; 8 por coaliciones y 6 estarían por definirse.
Además, los partidos con mayor número de precandidatos cuestionados son los tradicionales Partido Liberal, con el 17% (15 precandidatos); Partido Conservador: 14% (12); Cambio Radical: 8% (8) y Partido de La U: 5% (4).
Gobernaciones y Alcaldías
Ahora, del total de precandidatos, el 48% (42 nombres) aspiran a lanzarse a las gobernaciones. Los departamentos con mayor número de precandidatos cuestionados son: Magdalena, 12% (5); Antioquia, 10% (4); Caquetá, 10% (4) y Bolívar, 7% (3).
En cuanto a alcaldías, el 52% (46 precandidatos) aspiran a lanzarse a 27 alcaldías municipales.
Las ciudades con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: Sincelejo, Sucre, con 5 precandidatos cuestionados; Ibagué, Tolima: 4; Medellín, Antioquia: 3; y Cartagena, Bolívar: 3.
¿Por qué son cuestionados?
El informe indicó que el 43% (38 precandidatos cuestionados) son herederos y/o líderes de clanes políticos. El 36% (32) cuenta con investigaciones disciplinarias; el 34% (30) con investigaciones judiciales; 22% (19) tiene relaciones con presuntos hechos de corrupción; 16% (14) con presuntos nexos con grupos armados ilegales; el 10% (9) son herederos de parapolítica y el 9% (8) tiene investigación fiscal. Finalmente, solo el 1% (1) tiene presuntos nexos con economías ilegales; el 1% (1) investigación por parapolítica y el 1% (1) es heredero de Odebrecht.
“Recordemos que Pares ha hecho un ejercicio de identificar 51 clanes políticos que mandan en el país en las últimas décadas, de los cuales, 26 buscan apoyar a 38 candidatos en estas elecciones. Así, departamento a departamento, existen algunos casos en los que se aplica el concepto de autoritarismo subregional con mayor peso, teniendo en cuenta que están prácticamente capturados por los clanes políticos y que, para estas elecciones, tienen alta probabilidad de mantenerse en el poder, lo que genera altos riesgos para la democracia en Colombia”, indicó Pares en la investigación.
Algunos de los nombres de políticos reconocidos en el país que figuran en esta lista son:
Federico ‘Fico’ Gutiérrez: “Gutiérrez fue cuestionado en su Alcaldía de Medellín por el derroche de más de 130 mil millones de pesos en publicidad oficial obtenidos de los recursos públicos. En 2019 la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación a Gutiérrez y a funcionarios de la Alcaldía por presunto proselitismo a favor del entonces candidato a la Alcaldía de Medellín, Santiago Gómez Barrera, quien en vallas de publicidad aparecía con el entonces alcalde, Federico Gutiérrez. Así mismo, Gutiérrez es cuestionado por defender a su mano derecha, Gustavo Villegas, quien en su Alcaldía fuera secretario de seguridad. Villegas fue capturado en 2017 por delitos de concierto para delinquir y nexos con el crimen organizado, específicamente por sus presuntas relaciones con ‘la oficina de Envigado’. En 2020 Villegas fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por los siguientes 16 años. Además de ello, integrantes de la Oficina de Envigado afirmaron que ayudaron a la administración de Gutiérrez en su estrategia de seguridad”.
Luis Pérez: “Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, acusó en el 2008 a Luis Pérez de haber recibido el respaldo del extraditado cabecilla paramilitar alias Don Berna, para su campaña a la alcaldía. Años después, en el 2011, Salazar señaló a Pérez de que en la campaña a la Alcaldía de Medellín de ese año lo apoyaba Efraín Maldonado Álvarez, alias Efra, desmovilizado del Bloque Héroes de Granada de las AUC. Tras estas declaraciones, Pérez interpuso una denuncia contra Salazar por injuria y calumnia, que fue retirada en 2015. En 2018, Pérez pidió desestimar cualquier demanda contra Salazar por estas declaraciones, mientras que Salazar aún sostenía lo dicho. Luis Pérez es cuestionado en su paso por la Gobernación de Antioquia por su papel dentro de un presunto entramado de corrupción, sustentado bajo una sociedad de economía mixta, denominada Valor +, creada con aportes de capital público y privado provenientes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). Pares encontró que, a través de esta sociedad, Luis Pérez habría desviado de manera irregular miles de millones de pesos. Cabe señalar que Valor + habría funcionado como fachada para evadir las exigencias de contratación pública y para realizar convenios interadministrativos con “aliados estratégicos”. Todo esto a espaldas de la Asamblea Departamental. Durante su campaña para la presidencia en 2022, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, mencionó ante la JEP que él y otros miembros del Clan del Golfo mantuvieron, en varias ocasiones, reuniones con Luis Pérez. Asimismo, Otoniel aseguró que Pérez era muy cercano al capo extraditado Henry de Jesús López, alias Mi Sangre. A este escándalo, se suma la investigación de la fiscalía general de la Nación en el marco del proceso de Justicia y Paz”.
Alex Char: “Aida Merlano ha involucrado a Alejandro Char con el esquema de corrupción electoral en la costa caribe por el que ella fue condenada, conocido como el caso Casa Blanca, una empresa criminal dedicada a la compra de votos. En el marco de esta investigación, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía para investigar a Char en febrero de 2022 (Radicación N° 00030). La Procuraduría le abrió una indagación preliminar a Char en 2020 por las presuntas coimas que habría pagado el empresario Luis Enrique Guzmán Chams para quedarse con un contrato millonario para la construcción de un hidrotanque en el barrio Siete de Abril, que queda en el sur de Barranquilla, cuando Char era alcalde”.
Rodolfo Hernández: “” Hernández enfrenta un juicio penal por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco, el caso Vitalogic . Vitalogic es una empresa dedicada a la disposición de residuos sólidos urbanos. La Fiscalía acusa a Hernández de haber intervenido para dirigir el contrato de consultoría que se suscribió entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y el ingeniero Jorge Alarcón Ayala, quien estaría relacionado con Vitalogic. Para que Alarcón se quedara con el contrato habría sido clave la intermediación del hijo de Hernández, Luis Carlos Hernández. El juicio está avanzando, aunque la última vez la audiencia se suspendió porque por solicitud del abogado de Hernández el juez se declaró impedido, pues había conocido pruebas y testimonios antes de que Hernández fuera senador y su expediente pasara a la Corte Suprema de Justicia. Por ese mismo caso la Procuraduría el 31 de mayo de 2023 lo sancionó en primera instancia con inhabilidad general para ocupar cargos públicos por catorce años. De acuerdo con el ente de control, se probó su interés indebido en el proceso de selección para el contrato que sería adjudicado a Vitalogic, y que le daría beneficios económicos a su hijo. Hernández apelará la decisión y esta tendrá que confirmarse en segunda instancia para que la inhabilidad quede en firme, lo que significaría la muerte política de Hernández. Este caso podría entrar en la discusión planteada desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que un organismo disciplinario no puede anular derechos políticos hasta que no medie una sanción penal (en el caso Petro).
Estos son algunos de los otros precandidatos a las gobernaciones que aparecen en la lista:
Nebio de Jesús Echeverry, Guaviare
Franklin Del Cristo Lossano de la Ossa, Magdalena
William Villamziar, Santander
Dilian Francisco Toro, Valle del Cauca
Jorge Rey, Cundinamarca
Yamil Arana, Bolívar
Jorge “El Popo” Barrios, Cesar
Erasmo Zuleta, Córdoba
Gabriel Calle, Córdoba
Rodolfo Hernández, Santander
Precandidatos más cuestionados para alcaldías:
Samuel Santander Lopesierra, Maicao, La Guajira
Cielo Redondo, Uribia, La Guajira
Roberto Jiménez Naranjo, Dosquebradas, Risaralda
Alejandro Char, Barranquilla, Atlántico
Yahír Acuña, Sincelejo, Sucre
Luis Pérez, Medellín, Antioquia
Gabriel Calle Demoya, Montelíbano, Córdoba
Raimundo Duarte Díaz, Piedecuesta, Santander
Juana Gómez Bacci, Barrancas, La Guajira
Marco Tulio Ruiz, Yopal, Casanare
