Recientemente, el Congreso de la República adicionó dos puntos al funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas (34 universidades y 30 instituciones técnica y tecnológicas), recursos financieros que deberán destinarse para ampliación de cobertura en el marco de la política pública aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo; y que tiene como propósito, 500 mil cupos en educación superior. Estos nuevos recursos financieros destinados a la base de funcionamiento de las IES públicas deberán atender los cupos que se esperan.
En sintonía con lo propuesto por el Sistema Universitario Estatal SUE; propósito ambicioso, pero justo, que requiere: acuerdos políticos y sociales, repensar el modelo de aseguramiento de la calidad, una estructura normativa que supere el plano del control y sanción, desarrollo de capacidades tecnológicas, currículos pertinentes, tiempos de formación; pero sobre todo, un modelo de regionalización que facilite el acceso a educación superior, que haga énfasis en las regiones del país más rezagadas en cobertura; situación que se presenta en la Región Caribe, del Pacífico y Sur del país.
Para ello, el SUE ofrece la experiencia académica y pedagógica en modelos de regionalización de muchas de sus universidades; igualmente, toda la capacidad del Sistema Universitario Estatal representada en programas técnicos, tecnológicos y profesionales que puedan ofertarse, acorde con la pertinencia y necesidades de formación que las regiones demanden en condiciones de calidad; por lo cual, el enfoque de regionalización debe ser territorial; es decir, territorios que, por décadas, han padecido la exclusión y ausencia social del Estado.
Enfatizando en el tema, construir un modelo de regionalización de la universidad para ampliación de cobertura, no es una tarea fácil, pero, sí realizable y necesaria que requiere de un acuerdo nacional; un pacto social y político por el derecho a la educación.
Esta ha sido una propuesta del SUE y sobre la cual, el Ministerio de Educación Nacional ha propuesto un programa de ampliación de cobertura que incluye e integra los niveles de formación del sistema público de educación superior, que, además, tiene en cuenta, la inclusión del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA con el fin de lograr los 500 mil cupos en mención.
La financiación de este programa de ampliación de cobertura tiene dos fuentes: la política de gratuidad de la matrícula, recientemente convertida en política de Estado por parte del Congreso y, fortalecimiento a la oferta para el sostenimiento institucional y cierre de brechas. La metodología de distribución de los recursos financieros adicionales para la base presupuestal de las instituciones de educación públicas debe tener el criterio de focalización territorial que, contribuya realmente al cierre de brechas institucionales y regionales.
Por consiguiente, es importante la discusión y entendimiento entre los actores del sector de la educación, para de esta forma construir una metodología de distribución de recurso que llegue a las IES públicas de las regiones geográficas donde el indicador de cobertura es bajo; asimismo, hacer posible el acceso a la educación superior como un derecho que debe garantizarse de manera progresiva. En este sentido, los 500 mil cupos deben tener un enfoque territorial para cerrar brechas regionales y fortalecimiento de las Instituciones de Educación Pública del país.
