A comienzos de julio se conoció que el exfiscal, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal, Jorge Perdomo, tenían preparada una denuncia que será interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia – una vez las condiciones de bioseguridad lo permitan -, en la que señalan la responsabilidad que Álvaro Uribe Vélez tendría respecto a las masacres de El Aro y La Granja.
El argumento en el que está sentada la denuncia, en palabras de Montealegre, es que “Álvaro Uribe tenía el deber de proteger a toda la población como supremo director del orden público del departamento y también de la Fuerza Pública. Uribe tenía un deber especial, una posición de garante. Teniendo esa posición y estando advertido sobre las masacres Uribe no hizo absolutamente nada”.
Vale la pena mencionar que las masacres de El Aro y La Granja ocurridas desde el 22 de octubre de 1997 y el 11 de junio de 1996, respectivamente, dejaron, al menos, 22 personas asesinadas, 702 pobladores desplazados forzosamente, 42 casas incineradas, el robo de 1.200 reses y un sinnúmero de actos denigrantes como torturas y abusos sexuales.
Hay que señalar que, en mayo de 2018, y en el marco de la indagación previa 45110 que venía desde 2014 contra Uribe por nexos con el paramilitarismo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró crímenes de lesa humanidad las masacres, además del asesinato de Jesús María Valle. Señalando que estos son comprendidos de esta forma cuando se cometen graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Adicional, cuando estos obedecen a hechos no aislados, sistemáticos e inhumanos contra la población civil.
Asimismo, en el 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por la responsabilidad en las masacres a pagar una indemnización cercana a los $3.400 millones a los 123 familiares de las víctimas.
Declaraciones claves
Recientemente en el programa El Poder de Semana TV habló Rubén Darío Pinilla, exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien aseveró que “la masacre de El Aro fue planificada previamente, en la cual se contó con información de las Fuerzas Militares. Según las versiones de Salvatore Mancuso y otros miembros de las AUC, el general Manosalva Flórez, comandante de ese entonces de la Cuarta Brigada, fue quien les dio la información sobre sitios, ubicación de tropas, campamentos guerrilleros para que las AUC ingresaran a la zona”.
Los testimonios de Pinilla llegan alimentando el debate que había suscitado las anteriores declaraciones de Eduardo Montealegre, pues a través de estos se pone sobre la mesa, una vez más, la responsabilidad por omisión de Álvaro Uribe Vélez -quien para ese momento ejercía como gobernador de Antioquia-, en lo ocurrido, en este caso, específicamente, en el corregimiento de El Aro.
Señalando esto, vale la pena mencionar, que en el periodo en el que se desarrolló esta masacre – 22 al 31 de octubre de 1997 -, también se realizaron las elecciones regionales, las cuales se llevaron a cabo el 26 de octubre de dicho año, mientras en el corregimiento de Ituango se vivía un quinto día de masacre. Este contexto pone dos puntos en la lupa: por un lado, la responsabilidad que las autoridades gubernamentales tenían para velar por el orden público. Por otra parte, la ausencia de Fuerza Pública directamente en la zona, aun en el marco del evento electoral.
“Se sabe que en ese periodo sobrevolaron varios helicópteros, entre ellos dos: uno, el helicóptero artillado de las Fuerzas Militares, hacia el día 29 de octubre. Otro, el de la Gobernación de Antioquia que también sobrevoló la zona en ese periodo, además de un helicóptero de los paramilitares”, indicó Pinilla.
Igualmente, según lo dicho por el exmagistrado, sobre la situación estaban enteradas la Gobernación de Antioquia por medio del alcalde de ese momento de Ituango, también el Batallón Girardot, que dependía de la Cuarta Brigada, que estuvo a cargo de José María Clavijo, quien fue condenado en 2001 por concierto para delinquir en la modalidad de organizar, fomentar o promover grupos de justicia privada; y por Germán Morantes, quien también tuvo vínculos con los paramilitares.
Asimismo, estaba informado Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno del gobernador en ese momento, sobre quién Pinilla afirmó que: “también se supo en Justicia y Paz que era uno de los asesores de las Autodefensas Unidas de Colombia, y era una persona cercana a Carlos Castaño”.
“Suena inverosímil que el gobernador no se haya enterado de esa situación. Hay surge una figura Jurídica, pues desde la Gobernación se estaba en posición de garante. La sola omisión los hace responsables penalmente. (…) Sobre esto la Fiscalía tiene una investigación desde 1997, o sea que es una investigación que tiene más de 20 años. Cuando nosotros expedimos copias sabíamos que apenas estaba en indagación preliminar y nunca había avanzado. La Fiscalía tiene una gran responsabilidad en que desde entonces no se hayan adelantado las investigaciones”, aseveró el exmagistrado.
Operación Orión: casi 18 años de impunidad
También en octubre, pero cinco (5) años después, en 2002, tuvo lugar una de las operaciones entre el Ejército y grupos paramilitares más violentas: la Operación Orión, un hecho ocurrido en la Comuna 13 de Medellín en el que se vieron involucrados alrededor de 2.000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’.
El hecho dejó, al menos, 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos. Adicionalmente, a principios de julio de este año a través del Auto 097 del 2020 emitido por la JEP, se informó que en el segundo semestre del 2002 – periodo en el que ocurrió el caso- se reportaron 83 víctimas de desaparición forzada, mientras que en el primer semestre del año siguiente esta clase de violencia dejó 43 víctimas.
Sobre estos hechos han salido versiones como la de Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, quien, en 2009 a través de un escrito dirigido a la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos, incluyó una declaración juramentada como comandante del Bloque Cacique Nutibara, donde reconoce la coordinación entre el grupo paramilitar y la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo al comandante General Mario Montoya y a Leonardo Gallego, comandante de la Policía de Medellín en ese momento.
Sobre este caso, que además se da en el marco del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, luego de sus cuestionamientos por lo ocurrido en los corregimientos de Ituango, el exmagistrado Rubén Darío Pinilla contó:
“La Operación se convierte en la manera de copar el territorio por el Bloque Cacique Nutibara. Con la claridad que en otros lugares de Medellín había bandas criminales, grupos de las AUC cometiendo delitos, pero en esas zonas ni el Ejército ni la Policía adelantó los operativos que adelantó en la Comuna 13. Allá como no se había logrado esa hegemonía del Bloque Cacique Nutibara, hubo más de 12 operativos para desalojar a esos otros grupos armados ilegales. Tras la Operación el copamiento del grupo paramilitar fue total. Eso se conoció como la ‘Donbernabilidad’, pues Diego Murillo era quien controlaba toda la criminalidad de Medellín. Ese fue uno de los resultados de la Operación”.
Aunque en las acciones anteriores todavía no es comprobada la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, sí es un hecho que hay un común denominador en los casos: un poder imperante del ahora senador dentro de la fuerza política del país; una vez como gobernador y luego como presidente de la nación, cargos en el que tenía, por un lado, la responsabilidad de garantizar el bienestar de la población y la protección de los Derechos Humanos, y por otra parte, la verificación del accionar de la Fuerza Pública, que en ambos crímenes resaltaron por su participación directa e indirectamente.
“Eso pone sobre la mesa la necesidad de que se investigue. Esas denuncias que han anunciado contra el ahora senador no se ven arbitrarias, sino necesarias y coherentes. (…) Cuando a Uribe se le abren investigaciones en contra se mueven a una velocidad que el país no merece que se muevan a ese ritmo, ni con esa indolencia”, concluyó el abogado Ramiro Bejarano, quien también participó en la emisión de El Poder.
