Por: Nicolás Sánchez Arévalo
En Urabá, la senadora del Centro Democrático recibió el apoyo de una organización ganadera que tuvo como accionista al exjefe paramilitar ‘Cuco Vanoy’ y a Sor Teresa Gómez, cuñada de Carlos Castaño. También la acompañó un líder que firmó un acuerdo con empresarios que despojaron tierras a comunidades afrodescendientes.
María Fernanda Cabal visitó Chigorodó (Antioquia) y se puso una gorra con el logo de las Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar). La senadora se tomó fotos con el gerente de esa empresa, Rodrigo Alberto Mejía Arango, y trinó: “Me encontré con mis amigos de Urabá en Chigorodó. La seguridad, la conectividad y las vías, son urgentes para el desarrollo de la región. Seguiré trabajando desde el congreso para defender sus intereses”. La historia de Suganar está emparentada con el paramilitarismo y Vorágine tiene pruebas nuevas.
Pero antes hay que decir que Mejía es de los afectos de varias figuras del uribismo. En una reciente visita a Chigorodó, Álvaro Uribe estuvo acompañado por el empresario. El expresidente grabó un video junto a él promocionando al candidato Andrés Guerra, quien aspira a llegar al Senado por el Centro Democrático.
Para entrar en materia, por lo menos dos sentencias de Justicia y Paz señalaron que los paramilitares crearon Suganar para recibir dinero de ganaderos de Urabá. “Raúl Emilio Hasbún (comandante del Bloque Bananero), creó las asociaciones Suganar y Aganar, lideradas y manejadas por él y otros líderes del gremio, a través de las cuales se recibían dichos aportes y se transferían a las AUC”, señala un fallo del Tribunal Superior de Medellín, proferido en 2014.
Vorágine tiene pruebas inéditas de la participación de los paramilitares en Suganar. Varios documentos dan cuenta de que el excomandante narcoparamilitar Ramiro Vanoy Murillo, conocido como ‘Cuco’, fue uno de los mayores accionistas de la empresa. También tuvieron acciones Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño condenada por el asesinato de la lideresa Yolanda Izquierdo, y el general retirado Rito Alejo del Río, condenado por el homicidio de Marino López en medio de la Operación Génesis que se dio en Chocó, en 1997.
El primero de ellos tres en ingresar fue ‘Cuco’ Vanoy. Una escritura pública, del 7 de noviembre de 2000, contiene el acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Suganar que se reunió el 18 de mayo de ese año. El documento incluye la lista de los accionistas y específica quienes asistieron presencialmente a la reunión; ‘Cuco’ fue uno de ellos y tenía 100 acciones. En total eran 104 accionistas, pero solo 14 tenían 100 o más.
En 2000, cuando ‘Cuco’ compartió silla con reconocidos dirigentes de Urabá, ya era un experimentado criminal. Vanoy hizo parte en los 80 del Cartel de Medellín, organización delincuencial en la cual fue cercano a Gonzalo Rodríguez Gacha y a organizaciones paramilitares en el Magdalena Medio.
A finales de esa década, Vanoy tenía responsabilidades en el Bajo Cauca antioqueño y sobrevivió a la guerra que Pablo Escobar les declaró a los paramilitares del Magdalena Medio. En 1994, ‘Cuco’ se estableció en Caucasia (Antioquia) y comandó un grupo paramilitar que se financió por medio del narcotráfico. Así se hizo comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, confederación delincuencial que surgió en 1997.
Tan solo tres años antes de entrar a la asamblea de accionistas de Suganar, en 1997, ‘Cuco’ decidió, junto con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, tomarse el municipio de Ituango (Antioquia), como quedó demostrado en Justicia y Paz. Esa incursión paramilitar se hizo mediante masacres: La Granja, el 11 de junio de 1996, y El Aro, entre el 22 y el 31 de octubre de 1997.
Vanoy se desmovilizó en 2006 con el Bloque Mineros. En Justicia y Paz se le atribuyen 3.500 víctimas de crímenes como masacres, desaparición forzada y reclutamiento forzado. En 2008 fue extraditado a Estados Unidos, donde paga una condena de 24 años de prisión por narcotráfico.
Pero la citada escritura no es el único documento que da cuenta de la influencia de ‘Cuco’ en la organización ganadera. Un acta del 22 de marzo de 2002 contiene los detalles de una asamblea ordinaria de Suganar. Ese día se adelantó la votación para elegir la junta directiva de la empresa y se presentaron varias planchas, en la 4 estaba Vladimir Vanoy, hijo de ‘Cuco’ que fue asesinado en octubre de 2008. No resultó elegido.
La derrota fue efímera. Vladimir llegó a la junta directiva de Suganar el 19 de abril de 2002, según da cuenta un acta de ese día en poder de este medio. Quedó como suplente de Carlos Mario Álvarez Barrera, reputado empresario paisa que ha hecho también parte de las juntas directivas de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande (Aganar), Comfamiliar Camacol y de Asia San Ignacio, la asociación de exalumnos del Colegio San Ignacio de Loyola, en Medellín.
La que no fue efímera fue la presencia de Vladimir en la junta directiva de Suganar. Incluso, bajo la administración del actual gerente Rodrigo Alberto Mejía, que llegó al cargo el 21 de mayo de 2002, el hijo de ‘Cuco’ seguía en ese órgano directivo. Así lo acredita una carta que Vladimir dirigió a la Cámara de Comercio de Urabá en marzo de 2003.
En marzo de 2004, Vladimir volvió a ser ratificado en su puesto como suplente de Álvarez. Su salida de la junta directiva solo se produjo el 24 de febrero de 2005, cuando se nombró un nuevo órgano en el cual no fue incluido.
Pero al acta de esa reunión de 2005 se anexó un listado de accionistas en el cual todavía figuraba ‘Cuco’. También aparecían otros nombres llamativos: Sor Teresa Gómez, con 10 acciones, y el general Rito Alejo del Río, con 20.
‘Cuco’, Sor Teresa y del Río conservaba sus acciones en Suganar, por lo menos hasta 2009, según documentos que la empresa le entregó a la Cámara de Comercio de Urabá. Es decir, el comandante paramilitar mantuvo sus acciones después de su desmovilización en 2006 y de su extradición en 2008.
Contactamos a Mejía para saber cómo llegaron los paramilitares a la compañía y si todavía tienen acciones: “Bajo esos términos no quiero hablar con usted, porque ya sé el sesgo que usted quiere buscar. Busque lo que quiera, Nicolás, no hay ningún inconveniente. Si fuera algo objetivo, algo de la productividad que hace Suganar, bienvenido, pero usted quiere sacar cosas que no son reales, entonces no me interesa hablar con usted”. Todos los documentos sobre la composición accionaria de esa empresa que sustentan esta investigación fueron entregados por Suganar a la Cámara de Comercio de Urabá.
Una Convivir de los paramilitares y Suganar
Otro hallazgo de Vorágine son los nexos entre Suganar y una Convivir, apéndice de los paramilitares en Urabá.
El 18 de mayo de 2000, la Asociación Papagayo era la segunda mayor accionista de Suganar con 424 acciones. Solo era superada por la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande (Aganar), que contaba con 1.200.
Incluso en una Asamblea de Accionistas hubo un efusivo saludo: “Debemos resaltar la labor de nuestros gobernantes que rescataron a la región del caos de la productividad: gracias, doctor Álvaro Uribe Vélez; gracias, señor general Rito Alejo del Río y fuerza militar y de policía; gracias, señores de las cooperativas de seguridad y vigilancia”.
Las organizaciones que nacieron como Convivir se agruparon en Urabá bajo la figura de cooperativas de seguridad y vigilancia, ese fue el caso de Papagayo.
La justicia ha demostrado que en esa región las Convivir fueron fundadas y controladas por los paramilitares, que las utilizaron para canalizar los aportes de empresarios bananeros.
En el momento de la creación de Suganar, dos de los líderes de Papagayo eran Arnulfo Peñuela Marín y Alberto Osorio, ambos quedaron incluidos en la junta directiva de la empresa ganadera: el primero, como principal y el segundo como suplente.
“Existe abundante prueba testimonial e indiciaria que permite establecer que el señor Arnulfo Peñuela desde la creación misma de las Convivir tenía conocimiento y prestó su consentimiento para que estas se convirtieran en fuente de financiamiento y apoyo para los paramilitares”, dice el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, proferido en 2010, en el que fue condenado a seis años de cárcel por concierto para delinquir.
Osorio se acogió a sentencia anticipada y fue condenado en 2009 por el mismo tribunal a tres años de prisión por concierto para delinquir, por sus nexos con el Bloque Bananero de las AUC. Al salir de la cárcel, Osorio fue asesinado en Montería (Córdoba) en 2014.
En 2005, justo después de la desmovilización del Bloque Bananero, Suganar compró 424 acciones que presuntamente eran las que estaban en poder de la Asociación Papagayo.
Otros personajes de Suganar
Claudia Ángela Argote es representante legal suplente de la empresa. Ella ha sido una figura histórica de la organización, hace parte de la junta directiva desde el 19 de abril de 2002.
En 2021, Argote fue llamada a juicio junto a su padre, Antonio, por desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Los hechos habrían ocurrido en la cuenca del río Curvaradó (Chocó).
“Las pruebas dejan ver como la familia Argote, aprovechó ese paso de las estructuras paramilitares, para de esta manera citar en el sitio llamado Los Abadudes, ubicado en Chigorodó, y a partir del año 2000, citar a sus víctimas y terminaran por vender sus tierras a los precios impuestos por ellos (sic)”, se lee en la resolución de acusación de la Fiscalía que reveló el medio Pacifista.
Claudia Argote también fue mencionada en 2012 por Raúl Hasbún como financiadora de los paramilitares entre 1996 y 2004. Incluso, la empresa familiar, Agroban S.A, fue asociada de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, compañía que fue una continuidad de las Convivir.
En la escritura pública que da cuenta de la constitución de esa empresa, del 11 de junio de 1999, queda en evidencia la importancia que jugó Gabriel Jaime Sierra Moreno, reconocido ‘paraempresario’ de la región. Él obtuvo el poder de 90 de los 131 socios fundadores de Suganar para firmar el documento con el que se constituyó esa empresa.
Sierra Moreno fue condenado por hacer parte del proyecto criminal de Vicente Castaño de sembrar palma en tierra despojada a comunidades afro en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó.
“Del análisis probatorio se infiere razonadamente que este procesado no sólo hizo parte de la organización armada ilegal, realizó aportes económicos e invadió terrenos colectivos, en los que además generó daños ecológicos, sino que realizó actos ilegales, que fueron el eje toral para continuar con los desplazamientos”, se lee en la sentencia del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, en la cual Sierra fue condenado por concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Otros accionistas de Suganar que han sido señalados de tener vínculos con los paramilitares son:
Wilmer Romero, con 52 acciones, cuyo nombre real es Dorancé Romero y fue acusado por la Fiscalía por concierto para delinquir agravado y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. Fue rechazado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En un reporte de acciones de 2009, su nombre ya no aparecía, pero sí estaba su hija Zulma Yidi Romero.
Antonio Argote, con 41 acciones, fue señalado por Raúl Hasbún de aportarles $7.000.000 a los paramilitares.
Guillermo Gaviria Echeverri, con 100 acciones, padre del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Guillermo estuvo cobijado bajo medida de aseguramiento por, presuntamente, haber financiado grupos paramilitares en Urabá.
León Guillermo y Conrado Builes Peña, con 120 y 20 acciones respectivamente. Ambos fueron señalados en el libro “Macrocriminalidad con licencia legal Urabá-Darién 1980-2014” de pedirles a los paramilitares que llevaran un grupo armado a Chocó. “Ese grupo que acampó en la base instalada en la finca La Conchera de Guillermo Builes realizó operativos, acompañados de integrantes de la base Contraguerrilla en Balboa”, enfatizó el documento.
Raúl Mora Abad, con 10 acciones. Hizo negocios con el jefe paramilitar Vicente Castaño y compró masivamente tierras en los Montes de María, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Adriano Palacios Pino, con 140 acciones. Fue acusado por la Fiscalía, en 2015, por los delitos de concierto para delinquir agravado y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. Por orden de la justicia, tuvo que devolver tierras despojadas. Además, la Fundación Forjando Futuros lo señaló de estar tras un plan para asesinar a Gerardo Vega, abogado que ha impulsado la restitución de tierras en Urabá.
Fabián de Jesús Ríos Grajales, con 150 acciones. El 1 de diciembre de 1996 le vendió una finca de 1.087 hectáreas al comandante paramilitar Salvatore Mancuso. La propiedad, llamada Las Pampas, está ubicada en San Juan Nepomuceno y El Guamo (Bolívar). Para el momento de la transacción, Mancuso era segundo al mando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
José Gentil Silva Holguín, con 25 acciones. Fue mencionado en el listado que Hasbún le entregó a la Fiscalía sobre empresarios que financiaron a los paramilitares.
Epílogo
En su correría por Urabá, la senadora Cabal también estuvo en Turbo (Antioquia), donde recibió el apoyo de un cuestionado líder de ese municipio: Jaime Beitar Mena. De eso dan cuenta algunas fotos y un mensaje que la propia senadora publicó en su cuenta de Instagram.
Beitar, como lo reveló el medio Pacifista, fue uno de los firmantes de un acuerdo que suscribieron algunos líderes con varios empresarios palmeros que querían desarrollar sus proyectos en el Bajo Atrato (Chocó). El pacto incluía un compromiso para “adelantar las acciones legales pertinentes para obtener la revisión y recomposición de los consejos comunitarios existentes y la revisión y legitimación de los órganos de representación”.
Entre los empresarios que firmaron estaba Irving Jorge Bernal Giraldo, condenado por desplazamiento forzado; el condenado Gabriel Jaime Sierra Moreno; Rafael Argote Romero, llamado a juicio por invasión de áreas de especial importancia ecológica, y Adriano Palacios Pino. Beitar, en entrevista con Pacifista, defendió el acuerdo.
El líder, según denunció ese mismo medio, hizo en 2021 una carta de apoyo al cuestionado José Augusto Rendón, defensor del pueblo de la regional Urabá. Beitar admitió que anexo a la misiva un listado con firmas y cédulas que no conocían el contenido de la misma.
El apoyo de Suganar a María Fernanda Cabal se suma a las declaraciones del exgobernador de Córdoba Benito Osorio ante la JEP, en las que señaló al esposo de la senadora, José Félix Lafaurie, de haber tenido vínculos con Salvatore Mancuso. Aunque la pareja ha negado cualquier vínculo con los grupos armados, la historia de Fedegan y los apoyos de Cabal para la campaña con la que busca repetir curul en el Senado después de que no pudo ser candidata presidencial del Centro Democrático, siguen generando dudas.
