Frente al comunicado de prensa divulgado en el día de ayer por la Procuraduría General de la Nación en su página WEB, por medio del cual informa sobre la suspensión provisional por tres meses al Doctor Edwin Besaile Fayad, como Gobernador de Córdoba, debido a la investigación que se le adelanta por los hechos relacionados con el denominado “cartel de la hemofilia” en el departamento, se manifiesta a los medios de comunicación y a la opinión pública que esta decisión se recibe con respeto, sin embargo no se comparte, por considerar que constituye una violación al derecho de defensa y al debido proceso.
Se observa con extrañeza que lo señalado en el comunicado como motivación de la decisión es “…para evitar que el gobernador Besaile Fayad interfiriera con el trámite de la investigación, teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a las IPS”, sin embargo, este argumento no tiene asidero si se tiene en cuenta que el doctor Besaile el 27 de octubre de 2017, manifestó estar impedido para conocer de estos hechos, ante lo cual, la misma Procuraduría resolvió aceptar el impedimento y comunicar al Ministerio del Interior, con el fin de que designara un gobernador Ad Hoc.
La decisión que resolvió el impedimento fue emitida a través de Auto de 9 de noviembre del 2017, y contiene el siguiente argumento: “siendo que el doctor, Edwin Besaile Fayad, ostenta y ejerce actualmente el cargo de gobernador del departamento de Córdoba, máxima autoridad administrativa del departamento…”, “Esta labor sin lugar a dudas debe ser ejercida por personas desprovistas de cualquier clase de interés, de forma que se garantice a plenitud la imparcialidad y transparencia”, y con base en este, resolvió: “Aceptar el impedimento formulado por el doctor EDWIN BESAILE FAYAD para actuar como gobernador de Córdoba”.
Como se observa, si ya se había separado desde noviembre del año anterior del conocimiento de dicho caso al Gobernador, la medida de suspensión del cargo se torna innecesaria y excesiva.
Se resalta que el trámite de designación de Gobernador ad hoc se encuentra desde hace más de dos meses en el Ministerio del Interior sin que se haya resuelto.
Una vez sea notificada la decisión, se ejercerá la defensa legal y se demostrará que no ha existido falta disciplinaria alguna por parte del Doctor Besaile, ya que obra todo el material probatorio para desvirtuar las declaraciones de tipo retaliativo que han sido publicadas recientemente en los medios de comunicación.
Se espera entonces de parte de los Órganos de Control que garanticen el debido proceso y el derecho de defensa del señor Gobernador de Córdoba, tal y como se le han brindado a los verdaderos responsables de los hechos investigados.
