Redacción: Maye Rodríguez
Cansados de esperar por más de diez años, el proceso de reasentamiento que por ley les corresponde antes la explotación de las empresas mineras en el municipio de El Paso, habitantes de la vereda El Hatillo, en el Cesar, se reúnen en estos momentos con autoridades nacionales para exigir acciones concretas a este proceso que ha quedado en promesas y en compromisos incumplidos por parte de los entes nacionales.
Valledupar ha sido la ciudad escogida para el encuentro, en el que se espera conseguir respuestas a las peticiones de más de 200 familias, que han sido impactadas por la explotación minera, y hasta ahora no consiguen respuesta.
Hace cuatro meses se fijaron unos compromisos y hasta ahora no hay respuesta para el Plan de Acción de Reasentamiento de El Hatillo, por lo que se concretó el Comité Operativo, el cual se encarga de verificar la ejecución de las actividades de reasentamiento y que es presido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
“Denunciamos la profunda irresponsabilidad del Estado Colombiano en cabeza del actual Gobierno Nacional y sus entidades: Autoridad Nacional de Licencias Ambiéntales ANLA y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quiénes desde el pasado 21 de octubre de manera insistente hemos venido notificando de la suspensión del proceso de reasentamiento y con él toda nuestra inasistencia alimentaria, de salud y servicios sociales”, dijo por su parte Yolima Parra, también representante de la comunidad.
Explicó que este reasentamiento fue ordenado por MinAmbiente en 2010, y emitió órdenes precisas a las empresas mineras Drummond Ltd, Prodeco y CNR para ejecutarlo, pero hasta la fecha no hay respuesta y la comunidad está sumergida en una crisis social y económica.
Parra resaltó que el retiro de Prodeco ha sido un tema que preocupa a la comunidad y por ello se quiere respuesta del Gobierno nacional.
En la vereda El Hatillo residen 207 familias, de las cuales se han firmado 184 contratos, 104 familias esperan una reparación individual, 80 una reparación colectiva y hoy 17 familias se encuentran sin contrato, es decir, definir su traslado y recibir apoyo a través de proyectos productivos.
