En las últimas horas el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, através del Ministro de Justicia, Iván Osuna, anunció iniciativa legislativa que reconoce y define competencias con la jurisdicción ordinaria, establece una financiación estatal y promueve una justicia más restaurativa.
Armonizar el Sistema Nacional de Justicia Ordinario y la Jurisdicción Especial Indígena, fortalecer a los pueblos indígenas en el ejercicio de funciones jurisdiccionales en sus territorios, de conformidad con estándares internacionales de protección de derechos humanos, y reconocer sus derechos colectivos es el objetivo del proyecto de ley que el Ministerio de Justicia pondrá a consideración del Congreso, el próximo 20 de julio.
El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante su intervención en los Diálogos sobre Justicias de Pueblos Indígenas, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, en Popayán (Cauca).
“Este es un encuentro muy importante, porque se ha avanzado como nunca hasta ahora en un proyecto de ley entre las jurisdicciones indígenas y el sistema nacional de justicia”, indicó el ministro Osuna.
El proyecto busca fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena, un sistema especial de justicia que nació con la Constitución de 1991 y que permite a más de cien pueblos indígenas que sus mismas autoridades e instituciones tradicionales administren justicia y resuelvan los conflictos en sus territorios con sus particulares costumbres, dialectos y cosmovisiones.
Ese especial sistema judicial pretende resolver conflictos aplicando guías de conducta, asumiendo deberes y prevaleciendo prácticas que existen desde tiempos inmemorables, heredados de los dioses y de la ley de origen de cada pueblo, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República.
El ministro Osuna enfatizó que la iniciativa legislativa es una actualización necesaria para reconocer y fortalecer los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, definir competencias con la jurisdicción ordinaria, precisar lo que debe tramitarse en las jurisdicciones indígenas, establecer una financiación estatal y promover una justicia más restaurativa.
“Es un proyecto de ley muy completo, que recoge estos 33 años de avances en jurisdicción indígena y sienta las bases para una mayor certeza sobre las reglas de juego para las dos jurisdicciones”, manifestó el funcionario.
El proyecto de ley contempla factores como el aislamiento geográfico, las barreras lingüísticas, el desconocimiento de los sistemas propios de justicia y la protección y promoción de los derechos particulares que ostentan los indígenas de Colombia.
