Condena de más de cinco años de prisión contra Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Dapre

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En las ultimas horas se conoció la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia se dictó orden de captura en contra del procesado para que cumpla la pena en centro carcelario en el momento que la sentencia quede en firme.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia retomó las pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía en juicio que demostraron la participación del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Bernardo Moreno Villegas, en un entramado delincuencial.

En ese sentido lo encontró responsable del delito de tráfico de influencias y lo condenó a una pena de 5 años y 7 meses de prisión, el pago de una multa de 139.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos investigados, y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 82 meses.

En el fallo se niega la suspensión de la pena y el beneficio de casa por cárcel por lo cual se dictó orden de captura para que el procesado cumpla la pena en el centro carcelario que disponga del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La medida se hará efectiva en el momento que la sentencia quede en firme.

La investigación de la Fiscalía permitió demostrar que Moreno Villegas, en su rol de director del DAPRE entre Julio de 2004 y agosto de 2010, aprovechó su cargo para sostener reuniones presenciales con Yidis Medina Padilla, quien era congresista para ese momento.

Además, el procesado determinó que otros funcionarios del alto gobierno se reunieran con ella. El objetivo era obtener su apoyo en la discusión y votación del acto legislativo 267 de 2004 por el cual se permitía la reelección presidencial inmediata.

Se logró comprobar que el hoy condenado y Yidis Medina Padilla, acordaron que, a cambio de apoyar la reelección, ella obtendría nombramientos laborales para varias personas que fueron designadas en distintas entidades públicas. Asimismo, Moreno Villegas influenció ilegalmente a cinco funcionarios públicos para que se concretaran los nombramientos.

Las entidades a las cuales llegaron las personas recomendadas son la Red de Solidaridad Social (RSS), la Empresa Territorial para la Salud (ETESA), la Superintendencia de Notariado y Registro, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).


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