La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 32 años de prisión, contra Nancy López de Russo, ganadera del departamento del Cesar, por su responsabilidad en el homicidio del líder campesino Luis Miguel Pérez Simanca.
De acuerdo con el fallo, López de Russo contrató a grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandados por Daniel Hernández, alias ‘39’, para ejecutar el asesinato.
El Tribunal Superior del Cesar había determinado previamente que la ganadera pagó la suma de $10 millones de pesos a alias ‘Daniel Centella’ para que eliminara a Pérez Simanca, quien reclamaba tierras adjudicadas por el Estado. La Corte Suprema confirmó esta decisión, asegurando que las pruebas en su contra fueron contundentes y evidenciaron su intención de despojar a los parceleros de terrenos que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) había adquirido para la comunidad campesina.
PRUEBAS Y TESTIGOS
El alto tribunal basó su fallo en testimonios de exparamilitares, entre ellos Jhon Jairo Hernández, alias ‘Daniel Centella’, quien reveló que López de Russo entregó el dinero a las AUC para ejecutar el crimen. Tras el asesinato, los demás campesinos abandonaron la finca ‘La Palmera’ por temor a correr la misma suerte que Pérez Simanca.
Asimismo, la Corte tuvo en cuenta declaraciones del excomandante paramilitar Adolfo Guevara Cantillo, alias ‘101’, quien confirmó que la condenada mantenía vínculos cercanos con los paramilitares y facilitaba recursos para sus actividades, incluso permitiéndoles establecer una base en su propiedad.
El fallo también cuestionó la posición de la Procuraduría Judicial Penal II de Valledupar, que había solicitado la absolución de López de Russo argumentando que su moral y principios religiosos eran incompatibles con su participación en crímenes. Sin embargo, la Corte desestimó esta defensa y enfatizó que las pruebas demostraban su relación con los grupos armados ilegales y su implicación directa en el asesinato.
Nancy López de Russo deberá cumplir la totalidad de su condena en prisión, ya que la Corte mantuvo la negativa de concederle beneficios como la suspensión de la pena o la detención domiciliaria.
