El pasado 11 de julio, los rectores de las 34 universidades públicas que hacen parte del Sistema Universitario Estatal – SUE, en reunión con el presidente de la República y la ministra de Educación Nacional; espacio de diálogo donde reafirmamos la disposición y acompañamiento en la realización de la agenda de educación superior consignada en el Plan Nacional de Desarrollo; reiteramos las consideraciones sobre la reforma de la Ley 30.
Una vez conocidas las apuestas de reforma a la Ley 30 de 1992; acerca de la cual circulan a la fecha varios proyectos de Ley en el Congreso y de la que se resalta la intención del Ministerio de Educación Nacional de estructurar y radicar una propuesta el 20 de julio del presente año.
En este sentido, reconocemos la determinación del Gobierno Nacional de fortalecer la educación superior pública, tanto en el reconocimiento de la existencia de un déficit estructural para las Universidades Públicas generado por la proyección de financiación con base en presupuestos de 1992 ajustados cada año solo por la correspondiente indexación sin prever evolución y crecimiento, como en asumir nuevos retos de ampliación de cobertura, expansión de la política de gratuidad, así como la necesidad de flexibilizar los procedimientos para el otorgamiento de nuevos registros de programas y del sistema de aseguramiento de la calidad, entre otros aspectos de gran importancia para robustecer y consolidar en el país, la oferta de educación superior de alta calidad.
Por ello, compartimos la necesidad de revisar integralmente la Ley 30, pero consideramos, que este ejercicio debe obedecer a un análisis profundo de cada capítulo, que pueda involucrar los procedimientos, metodologías, datos y cifras de expertos que trabajen día a día en el quehacer universitario, las apuestas regionales y nacionales que garantice la autonomía universitaria y la expansión de la docencia, investigación y extensión, la formación integral del estudiante, el impacto social y científico, propio de la naturaleza universitaria; así mismo, que la propuesta pueda contar con los conceptos jurídicos y financieros de los impactos de esta, y la participación ciudadana de los actores correspondientes; razón por la cual, para el Sistema preocupan las restricciones de tiempo para llevar a cabo los mismos; máxime, cuando es una ley que nos ha definido las rutas de operación de las últimas tres décadas y que, la redacción de los nuevos textos o ajuste a los artículos actuales definirán el futuro de la educación superior del país.
Desde el SUE se manifiesta la total disposición de contribuir en estos análisis, recomendando ampliar el tiempo de estructuración y revisión de la propuesta integral de reforma a la Ley 30; y en cambio, priorizar la reforma de los artículos 86 y 87 de esta, de modo que pueda ser actualizada la fórmula de financiación para el Sistema de Educación Superior Público; iniciativa aprobada en primer debate en Cámara de Representantes.
En consecuencia, respetamos la decisión del Gobierno Nacional de radicar el proyecto de reforma de la Ley 30.
En el Congreso de la República aportaremos las propuestas para un debate argumentado que responda al proyecto de nación que debemos construir desde la educación.
