El “elefante blanco” en que se convirtió el edificio que se construyó para servir como sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en la ciudad de Santa Marta, tendría que ser demolido para volverse a construir, y por lo tanto pagarse de nuevo, sin que existan los recursos para tal fin.
Así lo advirtió el Contralor General de la República, quien el pasado 19 de julio trasladó al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, las pruebas que obran en el proceso de responsabilidad que, en cuantía de $4.521 millones, se adelanta por parte del organismo de control por este increíble caso de despilfarro de recursos públicos.
Dentro del proceso de responsabilidad fiscal que actualmente adelanta la Contraloría, se encuentran involucrados en calidad de presuntos responsables tanto la firma interventora de la obra (DPC Ingenieros SAS), como el contratista, Oscar Daniel Garzón Forero, quien el 24 de abril de 2016 fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación para contratar con el Estado por un término de 5 años.
A demoler lo construido y levantar un nuevo edificio
Según advirtió el Contralor Maya Villazón, para poder habilitar la sede de la ESAP en Santa Marta, sería necesario demoler lo actualmente construido para que sea levantada una nueva estructura que brinde la seguridad y estabilidad que se requiere. Es decir: habría que volver a pagar la Sede que ya se construyó para hacerla de nuevo.
Sin embargo, toda vez que los recursos para la construcción de la sede habían sido apropiados oportunamente, y la obra fue contratada en su momento, no existen hoy recursos adicionales para su demolición y reconstrucción, por lo que el proyecto no fue incluido dentro de los priorizados por el Gobierno Nacional para el presupuesto de 2019.
Luego, no hay cómo terminar la obra.
Las graves anomalías alrededor de este fallido proyecto, fueron evidenciadas por la Contraloría desde el mismo momento en que se hizo una auditoría a la ESAP (sobre la vigencia 2015), y sobre las que el Contralor Maya Villazón ha llamado la atención en reiteradas oportunidades, en múltiples oficios dirigidos tanto a la Dirección del Fondo Nacional de Desarrollo FONADE, que ejercía la Gerencia Integral del Proyecto, como a la Dirección Nacional de la ESAP, todas las cuales fueron nuevamente puestas en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, para las investigaciones disciplinarias de su competencia.
En su momento, en la auditoría a la ESAP se evidenció que las obras contratadas no cumplían con las normas de sismo resistencia y, a pesar de que no habían sido avaladas por la ESAP y presentan fallas estructurales, fueron recibidas por FONADE.
Contenido del proceso fiscal trasladado a la Procuraduría
El Contralor General ha puesto a disposición de la Procuraduría la totalidad de las pruebas y el contenido en general del Proceso de Responsabilidad Fiscal por $4.521 millones que actualmente se adelanta con ocasión de estos hechos.
Como se mencionó, en múltiples comunicaciones dirigidas tanto al Gerente General de FONADE, Álvaro Edgar Balcázar Acero, como a la entonces Directora Nacional de la ESAP, Claudia Marcela Franco Domínguez, el Contralor Maya Villazón les ha solicitado exponer a este organismo de control las razones por las cuales no se ha culminado la obra y, además, ha requerido que se adopten las medidas necesarias para que no quedé un “elefante blanco” y el proyecto original cumpla su finalidad.
En la comunicación que envió la semana anterior al Procurador General de la Nación, el Contralor Maya Villazón resaltó que el propio Director Encargado de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, en oficio del pasado 9 de julio, dirigido a la CGR, había reiterado el problema de la pobreza del concreto usado en la obra, el cual “sólo alcanza un 60% de la resistencia requerida en las especificaciones de diseño, situación que no permite establecer la confianza que se requiere al momento de proponer una rehabilitación de la estructura”.
Señaló el Contralor Maya en su escrito que de la comunicación de la ESAP se desprende que, para realizar un reforzamiento estructural bajo los resultados de calidad del concreto mencionados, sería necesario intervenir la cimentación, columnas, muros de concreto, vigas y placas de entrepiso, lo que resultaría en un proceso costoso, riesgoso y complejo.
En su comunicación, señaló expresamente el Contralor que, según la ESAP, “los resultados de las pruebas adicionales de petrografía realizadas a la masa del concreto de la edificación confirmaron la baja resistencia, además de alto nivel de vacíos (burbujas), alta presencia de mica en los agregados lo cual afecta la resistencia y durabilidad del concreto y moderada cuantía de cemento hidratado, lo cual señala un inadecuado proceso de curado en la obra”.
Deplorable estado de las obras
A pesar del tiempo transcurrido desde la contratación de las obras, a la fecha la edificación, que supuestamente debería albergar la sede de la ESAP en la ciudad de Santa Marta, se encuentra en un deplorable estado de deterioro y no reporta ninguna utilidad a la región.
El objeto del convenio interadministrativo N° 052-2011 suscrito con FONADE, consistió en ejecutar la gerencia integral del proyecto, por un valor total pagado de $5.608 millones (incluyendo sus adiciones en dinero), pero que tenía un plazo de ejecución de 12 meses, a partir del acta de inicio suscrita el 29 de diciembre de 2011.
Sin embargo, el contrato fue prorrogado en tiempo en 5 oportunidades diferentes, sin que hasta la fecha haya podido entrar en funcionamiento la tan esperada sede.
Las graves falencias que presenta la estructura ante el evidente incumplimiento de las normas de sismo resistencia, y que incluso pondrían en riesgo la vida de los posibles usuarios, han llevado a que la deficiente construcción que hoy se levanta en Santa Marta, no preste ninguna utilidad pública y mucho menos servicio alguno a la comunidad, representando un verdadero monumento a las obras inconclusas e inservibles.
A pesar de todas las falencias estructurales, la obra fue recibida a satisfacción por FONADE, por lo que la propia ESAP tuvo que inhabilitar el uso de la obra y evitar así que colapsara durante su funcionamiento.
