Redacción: laregional.net-
En la Costa Caribe, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), requiere fortalecer su capacidad de captura, consolidación y verificación de información, pues presuntamente podría estarse presentando el ‘negocio’ de las calamidades, bajo la concurrencia de la asignación crónica de recursos para la atención momentánea y no de fondo para la atención de riesgos.
Es la advertencia que ha hecho la Contraloría General de la República, tras un diagnóstico hace parte del especial seguimiento que realiza el ente de control a los recursos invertidos para emergencias y desastres.
Se está desplegando una estrategia con la cual se verifica la existencia, eficiencia, eficacia e impacto del Sistema Nacional de Información del Riesgo de Desastres y de los Sistemas de Información en los Niveles Regionales, Departamentales, Distritales y Municipales.
De acuerdo al diagnóstico, se requiere que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los Comités Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, fortalezcan su capacidad de captura, consolidación y difusión de información, con el fin de contar a nivel nacional y territorial con todos los datos que permitan conocer las situaciones de riesgo en el país, tanto por amenaza como por ocurrencia, así como todos los factores sociales y presupuestales que se comprometen con la ocurrencia y atención de estos riesgos.
Se observan debilidades en el componente de prevención de riesgos: el 90% de los recursos destinados para emergencias y desastres a nivel nacional se invierten en atención ante la ocurrencia de los mismos.
El mapa nacional y el histórico muestran regiones como la Costa Caribe, Chocó y La Mojana donde por las mismas épocas, en los mismos puntos o muy cercanos y por idénticas o similares causas, se presentan las declaratorias de calamidades con importantes inversiones de recursos que no impactan en el desarrollo social, sino que quedan reducidos a atender damnificados y afectados.
En el caso de las órdenes de contratación expedita, se pudo verificar en el diagnóstico una inversión de $4.799 millones para la ejecución de las obras de emergencia para el control de eventos de inundación y socavación, en los municipios de Salamina y El Piñón (Magdalena).
La Mojana, región más afectada
La Mojana es una de las regiones del país con mayor afectación por presencia hídrica. Recoge las afluencias de tres de los ríos más importantes del país: Cauca, San Jorge y Magdalena (Brazo de Loba), y confluyen allí 11 municipios de 4 departamentos.
Para atender emergencias y desastres en La Mojana se han invertido recursos del orden nacional que superan los $1.2 billones en el periodo 2010 – 2021, esto sin incluir las inversiones del orden territorial destinadas para este fin.
Según lo manifestado por el Fondo Adaptación, los recursos necesarios para ejecutar este megaproyecto ascienden a $3.4 billones, lo que significaría una inversión total cercana a los $4.6 billones, pero a la fecha las obras estructurales no se han ejecutado.
A finales del mes de agosto de 2021, se presentaron dos eventos específicos en la región de La Mojana: el primero de ellos, el rompimiento del Jarillón en el sector La Tea en el municipio de Guaranda, sobre la margen del Río Cauca, que afectó a 6.500 familias y 8 municipios (Majagual, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad y La Unión, en el departamento de Sucre, y Achí, Bolívar).
De igual manera, por la fuerza del Río Cauca, se presentó el rompimiento del Dique San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar, donde 350 familias resultaron afectadas y luego 200 tuvieron que ser evacuadas y reubicadas.
