Contraloría encontró detrimento patrimonial en peajes de Cartagena

Por la pérdida de recursos públicos la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal contra cuatro exdirectivos del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena (Dionisio Arango Cantillo, Luz Marina Figueroa Salgado, Ciro Castillo Cabarcas y Antonio Flórez Garizabal); 4 exgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE S.A. (Pedro Rafael Tono Lemaitre, Diego Antonio Otoya, Augusto Enrique Mainero Román y Amira Isabel del Rosario Salvador); y la sociedad Concesión Vial de Cartagena CONVIAL S.A., por el detrimento patrimonial al Distrito en cuantía de $22.354 millones con ocasión de la ejecución del contrato de concesión de peajes.
De acuerdo con la entidad, las irregularidades se da por la retribución realizada al concesionario a partir del cumplimiento de la tasa interna de retorno del proyecto, ocurrida en 2016, que comprendía el periodo de enero de 2014 a enero de 2015 y que cierra el año con una TIR de 17.27%).
Tal situación generó un detrimento para el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y un beneficio para el concesionario en la cuantía antes señalada.
Asimismo el órgano de control fiscal reveló que los giros se realizaron como consecuencia de la inclusión en el modelo financiero del proyecto de los rubros reconocidos por concepto de obras complementarias e interventoría de las mismas, así como el 15 % otorgado al Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena (DAVD) para adelantar la gestión administrativa y gerencial de las obras complementarias.
Para llegar a esta decisión, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, se revisaron los 21 otrosíes y actas de mayores cantidades de obra suscritos con ocasión del contrato VAL.0868804, así como los informes de seguimiento adelantados por EDURBE en calidad de interventor y la información suministrada por CONVIAL y FIDUAGRARIA, que reflejan la ejecución del proyecto desde el acta de inició del contrato de concesión hasta la vigencia 2021.
No obstante, en el documento de imputación de cargos fiscales, la Contraloría indicó que una vez notificada la providencia, las personas naturales y jurídicas cuentan con 10 días hábiles para presentar sus argumentos de defensa respecto de las imputaciones efectuadas, así como solicitar o allegar las pruebas que pretendan hacer valer.