La Contraloría General de la República investiga a la Gobernadora (E) de Córdoba, Sandra Patricia Devia, y los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por un presunto hallazgo fiscal de $45.083 millones de pesos, relacionado con un millonario contrato de investigación de ciencia y tecnología donde se pagaron unos $29 mil millones, a pesar de que no fue ejecutado, y donde apenas se han recuperado algo más de $4 mil millones.
El proyecto donde se dieron estas irregularidades, desarrollado a través del Convenio Especial de Cooperación No. 734 de 2013, corresponde a una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del Río Sinú, ejecutado por la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-
El objeto de este proyecto, contratado en momentos en que ejercía el cargo de Gobernador el señor Alejandro Lyons, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río, actividades que nunca se realizaron, por lo que la administración de su sucesor, Edwin Besaile, decidió a mediados de 2017 liquidar este contrato, por incumplimiento del mismo, y ordenar la devolución de los dineros pagados, con sus respectivos intereses.
Sin embargo, este proceso coactivo no ha tenido mayor resultado, dado que los únicos dineros recuperados por la Gobernación de Córdoba corresponden a la devolución de $4.716 millones del valor de la póliza, que estaba establecida en un 10 por ciento del valor del contrato.
No se ha podido recuperar ningún otro valor adicional de lo que se ordenó en la liquidación del convenio, por lo que la Contraloría considera que no han sido efectivas las gestiones de cobro emprendidas por la Gobernación.
Según la Unidad de Regalías de la CGR, “Frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 – 2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados a los Cooperantes Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-, establecidas en el acto administrativo No. 004 del 15 de agosto de 2017, generando una afectación al patrimonio del Estado”.
La investigación de la Contraloría tiene relación con el no reintegro del dinero que la misma Gobernación de Córdoba ordenó, dado que no se han hecho las acciones efectivas de cobro requeridas en este caso, explicó la Contralora Delegada Sectorial, Lina María Guarnizo Tovar, líder de la Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría General de la República en Córdoba, durante el primer semestre del presente año.
La Contraloría ha identificado como presuntos responsables del hallazgo fiscal por $45.083 millones a:
*Alejandro José Lyons Muskus
Gobernador de Córdoba en el período 2012-2015 en que se ejecutó el convenio, y considerado presunto responsable toda vez que la delegación de funciones no exime de responsabilidad.
*Edwin José Besaile Fayad, Gobernador de Córdoba, período 2016 hasta el 18 de enero de 2018, ejercía este cargo durante la ejecución del convenio (entre los años 2016 y 2017).
*Sandra Patricia Devia Ruiz, Gobernadora (E) de Córdoba (desde el 19 de enero de 2018 a la fecha), por no ejercer acciones efectivas para obtener resultados del cobro coactivo.
*Farid Saker García, Jorge Iván Ríos Urueta y Jaime Isaac Pareja Nader
Directores del Departamento Administrativo de Planeación, Supervisor del contrato, por autorizar pagos con base en informes del interventor del Convenio, sin supervisar su ejecución.
*Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Germán Raúl Martínez Layton y Héctor Jaime Villa Campillo, en su calidad de representantes legales de la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP, responsable de la correcta ejecución del Convenio de Cooperación como firmante del mismo.
*Inocencio Bahamón Calderón, representante legal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por autorizar pagos a la Gobernación de Córdoba de un proyecto sin ejecución.
Vale señalar que, por este mismo caso, la Contraloría adelanta desde julio de 2017 un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $4.050 millones, contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons y Edwin Besaile, supervisores, interventores y contratistas entre otros, por presuntas irregularidades relacionadas con la intermediación del convenio (los contratistas o cooperantes subcontrataron algunas actividades a menor valor de lo presupuestado).
