La contratación del Programa de Alimentación Escolar en el departamento del Cesar no deja de ser polémica, al punto que recientemente fue condenando por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia, el exgobernador Luis Alberto Monsalvo, por irregularidades en este programa. No obstante, la decisión de la alta corte fue apelada por la defensa.
Las investigaciones para descifrar qué ha sucedido con los recursos de la comida de los niños en entornos escolares no solo la ha realizado la Fiscalía, sino también el Ministerio de Educación, en un trabajo realizado en el 2016, dando a conocer la existencia de 3 redes que operaban la alimentación escolar, y tenían contratos por más de medio billón de pesos en la costa Atlántica y Norte de Santander.
Ese año, el Ministerio estaba a cargo de Gina Parody. La entidad identificó que Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007 por un monto aproximado de $449.613 millones.
Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá – CORPERIJÁ, Unión Temporal en los Años Dorados (Wakuzari – Corperijá), Consorcio Años Dorados (Corperijá – Fundación Provenir – Proveer Nuevo Milenio), Consorcio Nuevo País, Asoalimentarce – Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Consorcio Alimentando un Cesar más Educado (Asoalimentarce – Kábala) y Fundación Acción Social Integral, antes (Kábala) y antes (Fundación Pa Todo El Mundo).
Esta red ha tenido a lo largo de su funcionamiento a Katia Rosado, Ivis del Carmen Rosado y María Angélica Araujo Noguera como representantes legales.
Ivis del Carmen Rosado y María Angélica Araujo Noguera aparecen como representantes legales del consorcio que se ganó el PAE en el 2015.
En las verificaciones de ese contrato, la Fiscalía identificó inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley. Estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a $3.172 millones.
