A raíz de una denuncia presentada en su momento por el entonces director de Coldeportes y hoy ministro del Deporte, Ernesto Lucena, sobre las inversiones en infraestructura deportiva realizadas por esta entidad desde 2015 hasta 2018, la Contraloría General de la República en la Actuación Especial de Fiscalización que realizó en el primer semestre de 2019, encontró 55 hallazgos fiscales por $11.399 millones de pesos.
De los 1059 convenios suscritos por Coldeportes, por la suma de $1.8 billones, fueron evaluados por la Contraloría 548 ejecutados en 304 municipios del país, revisando la inversión de $959 mil millones aportados por esta entidad estatal.
Los escenarios deportivos financiados con esos recursos fueron objeto de visitas especiales por parte de un equipo de expertos auditores del organismo de control. Los recursos revisados, fueron los invertidos en infraestructura deportiva en Bogotá, y en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guajira, Huila, Nariño, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Quindío, Santander y Valle del Cauca.
En total la Contraloría General determinó la configuración de 257 hallazgos administrativos de los cuales 180 tienen presunta connotación disciplinaria, 55 tienen incidencia fiscal por $11.399.947.373,76, uno presunta connotación penal y en uno se solicitará el inicio de Indagación Preliminar.
Tres hallazgos tienen solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio y otros 6 tienen otras incidencias.
Según la Contraloría se evidencian deficiencias en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control. Un ejemplo es que en los casos en que las cuentas bancarias generaron rendimientos financieros, los entes territoriales no realizaran la devolución al Tesoro Nacional de estos recursos, tal como lo estipulaban los convenios respectivos. “En algunos municipios la devolución se hacía de manera parcial, y otros están esperando la etapa de liquidación del convenio para realizarla”, dice el reporte.
“La Contraloría determinó que la supervisión y seguimiento a la ejecución de estas obras de infraestructura deportiva por parte de Coldeportes no es suficiente, toda vez que se le asigna a un profesional la supervisión simultánea de una gran cantidad de convenios, lo que denota que se presente una debilidad en el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución de los recursos que aporta Coldeporte”.
“Esta falta de planeación hace además que, una vez terminadas las obras, no se cuenta con un compromiso por parte del ente territorial en el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura deportiva y/o recreativa, el cual es un compromiso que adquiere tanto el municipio como Coldeportes, al ser este un requisito previo para acceder a los recursos de la Nación”, concluye al respecto el análisis hecho por el ente de control.
En el caso del Cesar aparecen 15 hallazgos, relacionados con gestión documental, publicación en Secop, liquidación convenios interadministrativos, rendimientos e intereses financieros en los municipios de Aguachica, Manaure, Rio de Oro, San Diego y La Paz. También instalaciones provisionales y calidad de obra en Valledupar.
