El estudio y decisión que debe adoptar la Corte Constitucional, en temas relacionados con el uso del glifosato y las objeciones a la JEP, ha generado presiones deslegitimadas de determinados sectores políticos del país
Los denominados “amigos de la paz” han dado por descontado que este órgano encargado de guardar la integridad y supremacía de la carta política dará como negadas las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, aduciendo que “la mesa directiva del senado no tuvo en cuenta descontar el voto de Aida Merlano, por consiguiente, la mitad más uno serían 47 y no 48 como afirma los partidos de gobiernos”.
El ejecutivo y su bancada por el contario eleva la defensa categórica en la representación de la señora Merlano, por cuanto no se ha declarado la silla vacía de la misma y que a la luz de sus propios intereses guarda simpatía, razón de más para amparar que la curul de la señora Merlano no podía ser descontada.
Con estas manifestaciones, no solo exponen el contexto acogido, sino que insinúan la línea a seguir por parte del alto tribunal en la toma de su decisión, quebrantando con ello la autonomía y legitimidad del mismo.
Pero más grave aún sobre las injerencias al máximo órgano constitucional viene de un gobierno extranjero, los Estados Unidos han decidido retirar y hacer cambios en las visas de tres magistrados, esta medida ha causado malestar entre la rama judicial y gran parte de los partidos políticos, toda vez que ven que esta disposición representa una presión que vulnera la independencia de la Corte, la cual debe fallar de manera imparcial y objetiva sobre el uso del glifosato y las objeciones a la Ley estatutaria de la JEP.
Estados Unidos tiene la competencia, normatividad y discrecionalidad para decidir a quién le permite o condiciona el ingreso a su territorio, sin embargo, es cuestionable que estos condicionamientos se hagan precisamente cuando la Corte Constitucional está a puertas de decidir sobre temas sensibles de gran interés nacional, con repercusiones internacionales, por eso esperamos plena objetividad, justicia y equidad de nuestra honorable Corte Constitucional.
Si la decisión del país del norte es tomada acorde a su legislación bienvenida sea, pero si es una decisión que busca que nuestras Cortes tomen decisiones conforme a los intereses del país del tío Sam, queda de presente que la imposición de dicho país solo genera quebrantamiento en nuestro ordenamiento jurídico, mancillando la soberanía de nuestra nación.
Por eso una vez más instamos a la jurisdicción colombiana preservar el principio de imparcialidad en la toma de sus decisiones y al gobierno nacional soslaye de presión o represalias que menoscaben la autonomía de nuestra justicia.
Si admitimos que los fallos o decisiones judiciales vengan de donde vengan sean objeto de injerencias indebidas que conlleven a proferir providencias alejados a nuestra realidad jurídica, estamos permitiendo que la justicia colombiana pierda eficacia, autonomía y destruyamos el estado social de derecho, condenando a que nuestros órganos judiciales al desprestigio e imposición.
Por eso aprovecho la oportunidad para solidarizarme con las cortes, exhortándolas a que tomen la decisión acorde a nuestro ámbito jurídico y en derecho, sin importar que no puedan disfrutar de Disney Word, Miami o nueva York, recuerden que Colombia cuenta con el parque Tayrona, Cartagena, el eje cafetero o los llanos orientales donde podemos deleitarnos con su inmensa belleza sin perder nuestra dignidad.
