La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-029 de 2025, ordenó la reapertura del incidente de desacato contra el Grupo Empresarial Prodeco S.A. tras determinar que no se garantizó un verdadero proceso de participación en el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua, ubicadas en el departamento del Cesar.
El alto tribunal concluyó que el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar vulneró el derecho al debido proceso al dar por cumplido el requisito de participación con una sola reunión de socialización realizada en noviembre de 2022 en los municipios de influencia. Según la Corte, esta acción no fue suficiente para garantizar la consulta y el acuerdo con las comunidades afectadas, como lo exige la normativa vigente.
La tutela que originó este pronunciamiento fue interpuesta por sindicatos y organizaciones locales, que denunciaron la falta de mecanismos efectivos de participación en la planificación del cierre de las minas. Los accionantes sostienen que no se ha cumplido con las obligaciones ambientales ni con la restauración del territorio, lo que pone en riesgo la calidad de vida de las comunidades afectadas.
Prodeco, que operaba las minas hasta su cierre en 2021, era propietario de los títulos mineros, así como de la infraestructura ferroviaria y el puerto de exportación de carbón. En su operación, la empresa generaba más de 4.500 empleos, de los cuales más de 3.600 correspondían al Cesar.
La acción legal fue dirigida contra el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entidades señaladas de no garantizar el derecho a la consulta previa y la participación ciudadana en el proceso de cierre.
Los derechos fundamentales que la Corte identificó como vulnerados incluyen la consulta previa, el acceso a la información, la transparencia, la libertad de expresión, el derecho al territorio, la diversidad étnica y cultural, la alimentación, el medio ambiente y la cultura. En consecuencia, ordenó que se realicen nuevas instancias de concertación con las comunidades y trabajadores mineros para garantizar un cierre responsable de las minas y la restauración del ecosistema afectado.
