La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la Corte Suprema de Justicia a cumplir su deber constitucional de elegir “a la mayor brevedad posible” la persona titular de la fiscalía general de la Nación, “bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad”.
En un comunicado de prensa emitido este martes, el organismo señala que sigue de cerca el proceso de selección del nuevo fiscal general y “recuerda que la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano”.
La elección del nuevo titular de la fiscalía general de la Nación estaba prevista para culminar el pasado 7 de diciembre de 2023, indica la CIDH, y destaca que la Presidencia de la República hizo el envío oportuno “de una terna integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo”, el pasado 2 de agosto.
“Sin embargo, debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior fiscal general”, señala la Comisión.
El organismo interamericano subraya que este proceso de selección debe realizarse “con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito”, de acuerdo con los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos y “libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas”.
“La Comisión destaca que la fiscalía general de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”, cita el comunicado de la CIDH.
El organismo “hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones” y pide al Ejecutivo brindar todas las garantías y condiciones necesarias “para que dicho proceso culmine sin interferencias”.
